Lo curioso del caso es que el eje de la estrategia se centra en la creación de un Comité Cambiario Mexicano integrado por los propios entes regulados, por más que se habla de “representantes prominentes”.

El organismo, que empezaría a operar al final del año, se reunirá de forma periódica para intercambiar puntos de vista sobre los capítulos relevantes que afecten al intercambio de divisas.

La ruta habla de que a futuro, previa consulta con “otras instancias”, se creará un código de conducta para los participantes, cuyo punto de arranque es el Código Global de Contrato para Mercados Cambiarios planteado por el Banco Internacional de Pagos.

Éste aglutina 38 principios que aportan a la trasparencia, la integridad y el funcionamiento eficaz del mercado, fundamentalmente en operaciones al mayoreo que se realizan vía electrónica.

Como usted sabe, el escenario cambiario, la estrategia para contener altibajos, lo regula un Comité de Cambios en el que caben los titulares de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

La dependencia encabezada por José Antonio Meade se ha mostrado reacia a permitir la creación de un Consejo Asesor Independiente que vigile un manejo racional del presupuesto.

Durante décadas las turbulencias del mercado cambiario se contenían a través de la trinchera que representan las reservas internacionales del Banco de México, que en la época de vacas flacas se hacía público su monto dos veces por año: El día del informe presidencial y el 31 de diciembre.

Los recursos servían para contener las oleadas especulativas vía alimentar la oferta de divisas cuando el país saltó de la paridad fija a la flotación controlada y luego al libre cambio.

En los últimos meses el mecanismo, cobijado en subastas con precios inferiores al de la cotización del día previo, se desgastó al punto de que el Banco de México debió espaciarlo.

Lo cierto es que nunca se transparentó el nombre de los agentes financieros que participaban en las subastas, lo que desató la sospecha de negocios especulativos vía el acaparamiento.

En el nuevo escenario, prácticamente desaparecieron las casas de cambio concentrándose el negocio en los bancos.

Las intermediarias manejan libremente el diferencial entre compra y venta de divisas, lo que dio lugar a versiones que hablaban de que cuando éste se estrechaba la moneda estaba subvaluada frente al dólar y viceversa.

El escenario se sofisticó a la aparición de instrumentos como los llamados derivados, es decir, la posibilidad de hacer apuestas con base a la paridad hacia el corto o mediano plazo, con la novedad de que había quienes le jugaban al derecho y al revés.

Como usted sabe, a la Secretaría de Hacienda le irritó que no se haya solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la investigación abierta por la Comisión Federal de Competencia Económica sobre presuntas prácticas de colusión, es decir monopólicas absolutas, en el mercado de bonos de deuda del gobierno federal.

Antes de ello, el regulador cerró un procedimiento sobre el mismo pecado mayor que apunta la ley enfrascándose a las intermediarias del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se coludieron, pues, frenar traspasos de cuentas de los trabajadores.

Cuatro de ellas y 11 ejecutivos fueron multados por la instancia.

El dedo en el renglón, o quizá en la llaga, por lo pronto, aplazó la posibilidad de luz verde a una nueva Bolsa de Valores.

Las barbas a remojar.

Balance general. Aunque a la pelea en la llamada “temporada abierta” para subastar o arrendar los ductos de gasolinas y almacenes de Petróleos Mexicanos se inscribió la Asociación de Distribuidores de Gas, conocida como Adigas, las señales indican quer sería arrollada por el capital extranjero.

En la lista de postores autorizados por la Comisión Reguladora de Energía están 22 firmas, de las cuales al menos siete tienen etiqueta de multinacionales. Así Royal Dusch Shell, Chevron, Trafigura, British Petroleum, Glencore y Tesoro Corp.

Esta fue la primera en ganar una subasta.

Aunque la Secretaría de Hacienda mantuvo un trato fiscal similar al aplicable a la gasolina producida por Pemex para la importada, el monto de ganancia por la que llegara de Estados Unidos oscilaría entre 5% y 10%, dependiendo de las oscilaciones del precio del petróleo.

¡Azúcar!. En alguna forma el resultado final del diferendo entre México y Estados Unidos por las exportaciones nacionales de azúcar marcará el rumbo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El país de las barras y las estrellas está jugando dos cartas, colocarle contenido regional al dulce, o fijarle un arancel o impuesto de ingreso.

En el primer caso la jugada habla de aceptar solo, o la mayor parte, de azúcar semirrefinada, lo que permitirá que el proceso finalice en Estados Unidos vía refinadoras locales.

Estos fijarían el precio final y en una de esas hasta le pondrían su etiqueta.

La segunda alternativa habla de flujo libre, es decir cancelar las cuotas o montos máximos de ingreso sin aranceles al calce… pero ahora sí imponiendo un tributo.

La fecha tope para que México acepte o negocio otras alternativas es el 5 de junio.

Sospechosismo. Le comentábamos ayer de una burda jugada realizada por el convocante a una licitación para adquisición de pruebas químicas en servicio integral y equipos de comodato para el Hospital del Niño Morelense ubicado en Cuernavaca, para evitar la descalificación de uno de los participantes, la Importadora Bassab.

Éste, juega en consorcio con Instrumentos y Equipos Falcon y Soluciones Medicas.

Las dos últimas firmas habían participado en una licitación polémica del Instituto Mexicanos del Seguro Social para Cirugía de Mínima Invasión y Banco de sangre.

El representante de las firmas llegó tarde al evento de apertura de presupuestas realizado el 17 de mayo, alterándose la hora de ingreso para darle pauta.

Monopolio en monitoreo. Aunque no ofrece razones sociales ni número de las emplazadas, la Comisión Federal de Competencia Económica les envió un oficio de presunta responsabilidad por la comisión de prácticas monopólicas absolutas a firmas de monitoreo de información de medios escritos y electrónicos.

El servicio se le vende especialmente a entidades públicas.

La indagatoria se había abierto el 14 de diciembre del 2015, alargándose por espacio de dos años.

Emplazadas al banquillo, las firmas tendrán opción de presentar sus pruebas
de descargo.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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