La razón es simple: el organismo bursátil ubica a los funcionarios como la mano que mece la cuna en la decisión de ponerle tienda de enfrente vía la Bolsa Institucional de Valores. Dos, pues, en la pelea.

El argumento esbozado frente a la competencia, que de acuerdo con el maestro Erasmo Castellanos Quinto hace a las partes competentes, habla de que el mercado bursátil es un monopolio natural y que en el caso de México es tan pequeño que fraccionarlo implicaría menos para las partes.

El temor por el regreso de Videgaray y su evidente influencia sobre el presidente Enrique Peña Nieto es que la Bolsa ha saboteado la posibilidad en afán de alargar la ruta… o desalentarla.

El organismo encabezado por Jaime Ruiz Sacristán y dirigido por el español José Oriol Bosch, ha retrasado la conexión a las cámaras de compensación, mientras cabildea con el nuevo titular de Hacienda, José Antonio Meade, la cancelación del proyecto.

La tarea de enchufe la debe realizar el área de Tecnología que desde hace algunas semanas está a cargo de Luis Rodríguez, ex funcionario de Banamex, cuyas credenciales no encajan con el puesto.

Aun así se le ofreció un salario tan alto para llenar una vacante acéfala durante cinco meses, que obligó a despedir personal y reducir costos.

La nueva Bolsa tiene el respaldo de Latin Ventura Capital, quien está invirtiendo 450 millones de pesos para integrar a una firma denominada Central de Corretaje. Los recursos de capital se obtuvieron vía una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo, conocidos como CKD’s, por 2 mil 800 millones de pesos.

La colocación se realizó en diciembre pasado, participando como adquirentes las administradoras de fondos de ahorro para el retiro de Banamex, Coppel y con mayor preponderancia Pensionissste.

El retraso, pues, coloca en riesgo los recursos de trabajadores públicos y privados.

El promotor de la nueva Bolsa es Santiago Urquiza, quien ya le colocó en el pasado zancadillas a la Bolsa Mexicana de Valores.

En 1976 una empresa de éste, Central de Enlaces Prober, antecedente de la Central de Corretaje, le arrebató las operaciones de mercado de dinero.

Una década más tarde Urquiza le quitó al mercado bursátil la valuación de activos financieros a través de un órgano denominado PIP, en paralelo a las operaciones de derivados, en este caso vía Enlace USA.

En la jugada, el empresario contó con el respaldo del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Urquiza es amigo cercano del gobernador del Banco de México, Agustín Cartens.

Aunque la Bolsa Institucional de Valores tiene previsto empezar a operar en el segundo trimestre de este año, el tortuguismo de su rival podría alargar el plazo uno o dos trimestres más.

La instancia operaría desde el primer día renta variable, es decir intercambios de acciones de las emisoras y mesa de dinero, es decir papeles de deuda.

Las casas de Bolsa tendrán opción de optar por uno u otro mercados en operaciones específicas.

Zancadilla a la competencia bursátil.

Balance general. Paradojas de la vida: mientras por una ventanilla recortó 164 mil millones del presupuesto por efectos de austeridad, el año pasado la Secretaría de Hacienda tuvo un remanente de ingresos de 620 mil millones… que se esfumó.

Los recursos salieron de un remanente en la operación del Banco de México por 240 mil millones, que por ley debe destinarse a reducir deuda.

Además, la recaudación del IEPS en materia de gasolinas tuvo un saldo mayor al proyectado. Este fue de 70 mil millones de pesos. El mismo nivel se obtuvo de más en el impuesto sobre la renta.

De acuerdo con la dependencia, del total extra 300 mil millones se aportaron como contribución a los recursos de pensiones de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tras pactar con sus sindicatos un esquema que permitió reducir los costos a futuro.

La promesa del gobierno era aportar un peso por cada uno ahorrado.

En paralelo, se habla de 90 mil millones más para el fideicomiso creado para la construcción del nuevo aeropuerto.

La inversión publica cayó 8% en 2016.

Efecto dominó. Mientras la Secretaría de Hacienda sigue deshojando la margarita sobre si cancela, aplaza o reduce el nivel del nuevo “gasolinazo” Moody’s está advirtiendo que de llegar éste se provocaría un efecto dominó.

El golpe pegaría a la industria de la construcción y a las empresas que dependen del gasto doméstico, señalando específicamente a Televisa, Teléfonos de México y la cadena de tiendas Elektra.

El razonamiento habla de que éstas se verán en dificultades para repercutir su incremento en costos, lo que presionaría sus márgenes operativos.

Bala cerca. Aunque el emplazamiento por la revisión del Contrato Ley de la Industria de Radio y Televisión planteada por el sindicato venció el 31 de enero pasado, se logró una tregua de 24 horas con la intermediación de la Secretaria del Trabajo, lo que conjuró la posibilidad de huelga.

Finalmente se pactó un incremento salarial de 4.1% y un adicional de 0.4% que llegará a partir de julio.

La industria se integra de mil 200 empresas que le ofrecen 150 mil empleos a técnicos, periodistas y conductores.

Firma sustentable. Quien acaba de ser integrada al índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores es Rassini, la principal fabricante de autopartes en el país, al reconocerse sus méritos en materia de protección del medio ambiente.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Anahuac del Sur, Rassini está en el escalón 20 de un total de 80 en materia de protección ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo.

Crece GINgroup. Durante enero pasado, a contrapelo de las nubes negras, el corporativo en materia de reclutamiento de capital humana GINgroup generó 2 mil 500 empleos entre propios y de sus clientes.

La firma calcula un crecimiento de 25% durante el año, lo que implicaría una aportación de 35 mil plazas.

La compañía acaba de terminar la construcción de un Centro Deportivo en Mérida con posibilidad de atender a siete mil usuarios.

La inversión fue de 120 millones de pesos.

Checan “Hecho en México”. Lanzada una campaña para privilegiar los productos con el sello “Hecho en México”, la vigilancia para evitar cachirules estará a cargo de la subsecretaria de Desarrollo y Normatividad de Economía, Rocío Ruiz.

Del lado privado, la tarea la realizaría la Entidad Mexicana de Acreditación encabezado por Jesús Cabrera.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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