Peor el remedio…

Alberto Barranco

Ayunos durante 40 años los trabajadores de Oceanografía de representación sindical, la llegada del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como administradora emergente, incautada la contratista de Pemex al fragor de un supuesto fraude a Banamex, llenó el hueco con la bandera de justicia laboral

El remedio, sin embargo, resultó peor a la enfermedad. Si antes el patrón omitía de vez en vez el pago de quincenas y no había inscripción al Seguro Social e Infonavit, el nuevo volvió costumbre el ejercicio.

Más aún, dio de baja, tras incorporarlos, a los trabajadores de la seguridad social.

En paralelo, el sindicato fletado para firmar un nuevo contrato colectivo que resultó balín, al firmarlo como apoderado legal de la empresa Humberto Cavazos Chena, cuya figura no reconocen los accionistas, no ha hecho nada frente a la suspensión de cientos de ellos, a pretexto de no haber trabajo.

Tampoco ha movido un dedo frente a las graves violaciones a la Ley Federal del Trabajo conectadas a la liquidación de 7 mil de ellos, desconociendo, por ejemplo, la antigüedad de 20 años.

Tus tres meses y se acabó el asunto… aunque eso sí, descontando el 30% por concepto de representación laboral.

La sequía salarial lleva más de un año.

Ahora que en caso de los trabajadores administrativos a quienes permitió seguir laborando al SAE bajo sus reglas, llevan cuatro meses sin cobrar… por más que las cuotas sindicales llegan puntualmente.

Colocada la empresa en la antesala de la quiebra, tampoco el sindicato ha presionado a los administradores para utilizar los recursos derivados de los contratos que reactivó Pemex por disposición del juez del concurso mercantil de la empresa, Felipe Consuelo Soto, o los que estaban en marcha antes de la suspensión de dos años.

En el insólito de la temporada, la empresa lleva un año sin energía eléctrica al no pagar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad.

El administrador designado por el SAE, Alfonso Maza Uretra, a quien se ubica como pariente del presidente Enrique Peña Nieto, carece de experiencia en el negocio petrolero.

Aún así, a juicio de los trabajadores tiene una percepción salarial de 610 mil pesos mensuales, más gastos y prestaciones.

Sus colaboradores no se quedan a la saga.

Aún así, en paralelo, contrató la asesoría de una docena de despachos de abogados, de expertos en cuestiones fiscales, de contadores y hasta de consejeros para negocios inteligentes.

Hasta el día en que se incautaron sus instalaciones, hace dos años y medio, Oceanografía operaba contratos de Petróleos Mexicanos en materia de mantenimiento, construcción e instalación de plataformas marinas con una flota de 70 embarcaciones.

Con altibajos, la firma encabezada por Amado Yáñez, quien lleva dos años preso, mantenía 11 mil plazas directas y 9 mil aledañas, la mayoría de trabajadores radicados en Ciudad del Carmen, Campeche.

Esta se volvió fantasma.

Aunque los trabajadores han recibido apoyo del juez del concurso mercantil al que le integró, Felipe Consuelo Soto, se ve muy lejos la posibilidad de que la empresa pudiera salir con un acuerdo de reestructura factible bajo el hombro.

La quiebra es inminente.

Otro gol a los trabajadores.

Balance general. En lo que pareciera el punto final de un largo conflicto entre Petróleos Mexicanos y la empresa Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral (Commisa), filial de la estadounidense KDR, una Corte de Apelaciones del vecino país le dio la razón a ésta, ordenando a la contraparte a pagarle 300 millones de dólares de indemnización… más 106 de gastos del juicio.

El asunto se remonta al 2004, cuando la entonces empresa paraestatal le reincidió un contrato a la contraparte para la construcción de dos plataformas marinas para el tratamiento y procesamiento de gas natural.

La exposición de motivos hablaba de incumplimiento.

El asunto llegó a los tribunales mexicanos que emitieron sentencias duales. Unas le daban la razón a la petrolera y otras a la firma en su alegato de que no se le permitió agotar el plazo de construcción previsto en el contrato.

En el entretanto, la Afianzadora Insurgentes le pagó a Pemex Exploración y Producción mil 377 millones de pesos en validez del incumplimiento.

KBR llevó el caso a un tribunal de arbitraje de Nueva York, quien emitió un laudo a su favor, justo el que ratificó la Corte de Apelaciones.

En la ruta, un juez federal de Nueva York había dicho que la anulación del contrato que había avalado un tribunal mexicano, “violaba nociones básicas de justicia”.

Otra de Borge. Uno de los primeros problemas que enfrentará a su llegada al gobierno de Quintana Roo el relevo de Roberto Borge, Carlos Joaquín, es un choque de ordenamientos con relación a la regulación del transporte público de pasajeros.

Hete aquí que la Comisión Federal de Competencia Económica le abrió la posibilidad, vía una resolución, a la entrada a la entidad de empresas de taxis con plataformas electrónicas, es decir Uber, Cabify, Easytaxi…

La exigencia hablaba de derribar los obstáculos jurídicos impuestos por el gobierno local.

El caso es que éstos siguen intactos.

Estamos hablando de una serie de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras, aprobadas por el Congreso local en julio del año pasado.

De entrada, en su nueva redacción, el artículo 31 señala que no se reconocerá como servicio público de transporte de pasajeros una unidad que no tenga autorización del titular del Ejecutivo, es decir concesión.

Más allá, el 32 prohíbe y sanciona el servicio solicitado y pactado por contrato verbal, escrito por medio de servicios electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico o de teléfonos celulares.

Y si le seguimos, el 34 deja a la discrecionalidad del gobernador las concesiones y permisos. Agrupados en sindicatos, los taxistas de Quintana Roo se vuelven bastión en las campañas electorales… en favor del PRI.

Pez gordo por charales. La Procuraduría General de la Republica rechaza una declaración de integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, quienes tras una reunión para conocer el avance de las querellas interpuestas por el caso Mexicana, había dicho que estaba próxima la extradición del que fuera presidente de la línea aérea, Gastón Azcárraga Andrade.

Este se canjearía por el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, aunque en la operación llegaría como pilón Rafael Olvera Amezcua, el presidente de la financiera popular Ficrea. Charales por pez gordo, habíamos comentado.

Todos para uno. En la coyuntura de la reforma energética se acaba de consolidar una alianza entre el Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM), TransCanadá y Sierra Oil & Gas para transporte de productos refinados en el corredor Tuxpan-Centro de México, vía un colosal ducto.

La inversión será de 800 millones de dólares, la mayor hasta hoy en la materia.

La posibilidad habla no solo de aprovechar la producción local sino de abrir vía a las importaciones. El presidente de TMM es José Serrano Segovia.

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