Premio de consolación a Candiani

El dirigente que apoyó firmemente el Pacto por México, a cuyo seno se impulsaron las reformas estructurales, se perfila como coordinador de las Zonas Económicas Especiales del país.

Adicionalmente, se haría cargo del programa de apoyo para las zonas damnificadas por la catástrofe financiera de Petróleos Mexicanos, es decir Veracruz, Campeche y Tabasco.

La plataforma, naturalmente, le da presencia activa en la entidad federativa en que nació, quien quita y el segundo intento es el definitivo, digo, si no aparece otro príncipe por ahí.

Una de las zonas económicas especiales es el Corredor Transismico, es decir la posibilidad de aprovechar la ubicación geográfica, con proa a dos océanos, del Istmo de Tehuantepec. Una de las bocas es el puerto de Salina Cruz.

La figura derivó de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con extensión a una adición al artículo noveno de la Ley General de Bienes Nacionales, aprobada por el Congreso.

La exposición de motivos del escenario que incluye también a los puertos Chiapas y Lázaro Cárdenas, hablaba de convertirlos en punta de lanza para propiciar “un cambio de fondo en la estructura productiva de las regiones, al elevar presencia en actividades económicas de alta productividad”.

La promesa hablaba de otorgar incentivos según la vocación productiva y condición inicial de las zonas; de establecer Convenios de Coordinación entre las tres órdenes del gobierno; de la creación de una ventanilla única para los tres niveles de gobierno, con el fin de agilizar trámites y requisitos necesarios…

La garantía hablaba de equilibrar el desarrollo entre el norte y el sureste del país.

De acuerdo a las entrelineas del ordenamiento, el peso mayor de las inversiones provendría del sector privado… por más que las decisiones las tendrán las autoridades.

La adición a un artículo de la Ley de Bienes Nacionales obedece a la posibilidad de expropiar predios que se consideren estratégicos para el proyecto, por más que se habla de asociar a los dueños de éste.

La vela en el entierro de la Secretaria de Hacienda la plantea el numeral III del artículo 36 del ordenamiento, que le otorga facultades para “coordinar, promover y realizar estudios, consultas, análisis y proyectos para el establecimiento de las zonas”.

Sin embargo, el articulo 31 habla de una Comisión Intersectorial para planeación, establecimiento y operación.

Hace unos días, ante la desolación en zonas tradicionalmente activas al máximo como Ciudad del Carmen, Campeche, Coatzacoalcos, Veracruz o Tenosique, Tabasco, ante el efecto dominó de Pemex sobre sus contratistas, el presidente Enrique Peña Nieto habló de apoyo federal para evitar una crisis social.

La ruta la coordinará Gutiérrez Candiani.

El empresario gasolinero de Oaxaca había lanzado su resto a la obtención de la candidatura para gobernar la entidad federativa con apoyo de empresas locales y nacionales con intereses en la región.

No llegó la silla, pero sí el escritorio de funcionario público con poder en 10 entidades federativas.

Cayó para arriba.

Balance General. Festinada a vuelo de fanfarrias la “exitosa” ronda tres derivada de la uno que permitió la asignación de contratos a empresas para explotar 19 de 25 campos petroleros maduros ubicados en tierra y aguas someras, del plato a la boca se les cayó la sopa a los promotores de la reforma energética.

Como usted sabe, tres de las empresas que habían obtenido seis contratos se quedaron en la antesala, al no cubrir el siguiente requisito. Las firmas Geo Estratos, Sarreal y Strata no cumplieron con la entrega de documentos a manera de garantía corporativa y de cumplimiento en aval de posibles accidentes.

La explicación más simple hablaría que se rajaron de la cuantía de sus ofertas ante el panorama incierto en relación con la cotización internacional del petróleo. Sin embargo, llama la atención el que la firma Strata haya repudiado el campo conocido como Ricos, pero haya aceptado los contratos para Peña Blanca y Carretas.

No hubo, pues, omisión accidental.

Las firmas en conjunto perderán la garantía de seriedad dejada en prenda, cuyo monto asciende a 390 mil dólares.

La paradoja del caso es que la mecánica diseñado por los “genios” de la Comisión Reguladora de Energía plantea la asignación de los contratos a quienes ofrecieron la segunda mejor oferta, lo que generaría suspicacia.

Ahora que si éstos también se “rajan”, perderían a su vez los depósitos de seriedad.

Les falló, pues, la ecuación.

Nada de nada. Pendiente aún la identificación de dos de los 32 cuerpos de trabajadores que perecieron al fragor de la explosión de la planta Clorados III del Complejo Pajaritos, la Procuraduría General de la Republica no tiene aún un dictamen sobre las causas de la tragedia, a tres semanas de ésta.

Tampoco hay claridad sobre quién indemnizará a los familiares de trabajadores externos que realizaban tareas en la principal productora de cloruro de vinilo del país.

Algunos de estos estaban en la nómina de ICA Flour, quien cubría un contrato de reconfiguración.

Como usted sabe, la planta era operada por la empresa Mexichem, quien se había asociado en forma mayoritaria con Pemex.

La factoría estará cerrada lo que resta del año para su rehabilitación.

No hay liga. Le comentábamos el lunes pasado a propósito de la desconfianza internacional en la justicia del país, que el grupo R de Ramiro Garza Cantú había debido crear una empresa offshore en un paraíso fiscal para ubicarla como colocadora de bonos para financiar la construcción de plataformas marinas.

El caso es que la solicitud al despacho panameño Mossack Fonseca no la hizo la firma sino el sindicato de bancos que actuó como agente colocador.

Ningún ejecutivo de la firma trató con los abogados del escándalo.

Blindaje a granel. La creciente inseguridad en el país, con énfasis en las entidades federativas de Tamaulipas, Guerrero, México y Morelos, está propiciando el auge de la industria del blindaje.

Actualmente se blindan al año tres mil unidades para una clientela compuesta por políticos, empresarios y familiares de éstos.

El negocio llega a 138 millones de dólares.

El problema es que aunque en el país existen más de 100 empresas dedicadas a la tarea, solo unas 10 cumplen los estándares internacionales.

Entre las firmas acreditadas por la Dirección General de Seguridad Privada de Gobernación está Eurotecnología en Blindaje dirigida por Ricardo Reyes Retana.

albertobarrancochavarria0@gmail.com