Zancadilla contra Arca

En el nuevo escenario la segunda embotelladora de Coca Cola en el país, con sede central en Monterrey, se convirtió en uno de los mayores productores de la bebida en el planeta, con ventas anuales de cinco mil 400 millones de dólares.

La transacción, cerrada el 10 de septiembre del año pasado vía el pago de 760 millones de dólares, ha sido objetada ante las autoridades por supuesta discriminación hacia accionistas minoritarios.

Los fondos de la discordia, la mayoría de origen chileno, mantienen un paquete de acciones, existentes solo en Perú, a las que se ubica como “de inversión”, que no forman parte del capital de la empresa emisora, ni tienen derecho de voto.

Los papeles, emitidos en varias empresas como Southern Cooper, la filial peruana del Grupo Minero México; Consorcio Cementero del Sur, Cervecería San Juan… se expidieron a favor de los trabajadores como una suerte de reparto de utilidades, tras una medida gubernamental de expropiación parcial de las firmas.

Los papeles se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, aunque las plantas de la Corporación Lindley no cotizan a su vez sus valores en el mercado.

El caso es que los fondos buitre, entre ellos uno del que es socio el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y otro en que participaba Piero Ghezzi Solís, ministro de Producción de Perú, quieren que los papeles en su poder se los paguen al mismo precio que lo pagado a la familia Lindley.

El problema es que los que vendieron éstos eran valores de control. Estamos hablando del 53.16 por ciento de las acciones comunes con derecho a voto.

En la operación se pactó que la firma peruana, fabricante de la bebida icónica del país sudamericano, Inca Kola, invirtiera 400 millones de dólares en acciones de Arca Continental, posibilidad que quedó abierta hace unos días al aprobar la asamblea de socios de la compañía un aumento de capital.

La suma cubierta a la Corporación Lindley incluyó 150 millones de dólares como premio por un acuerdo de no competencia, que justificaba la experiencia de 105 años de la parte vendedora.

Además, se pactó la venta de terrenos por 137 millones de dólares que le permitirían a la empresa mexicana una ganancia contable de 86.2 millones.

La familia Lindley tenía en su poder el 2.03 por ciento de las acciones de inversión emitidas, que Arca Continental adquirió a una cotización de 89 centavos de dólar.

Aunque la firma mexicana no tiene obligación de comprar las acciones en poder de los fondos, planteó una oferta pagándoles a los fondos buitre el mismo precio que a las de la familia Lindley, cuyo monto es 36 por ciento mayor al promedio en que cotizaban durante septiembre del 2015 en el mercado bursátil.

La posibilidad fue rechazada.

En la presión, los fondos buitre obligaron a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú a realizar una investigación que incluye, entre otros temas, el que la Corporación Lindley no haya anunciado la operación como “evento relevante”.

El caso es que la posibilidad no era obligatoria al ubicarse la operación como entre particulares, dado que la firma vendedora, decíamos, no cotiza en Bolsa.

Evidentemente el principal objetivo de los fondos es elevar el precio de sus papeles, en la quimera de ubicarlos como acciones comunes.

Arca Continental nació y creció en la magia del manantial de agua mineral del cerro de Topo Chico, que le permitió fabricar su popular bebida de ese nombre.

Zancadilla a su expansión.

Balance general. Vaticinado por algunas corredurías que las acciones del Grupo ICA se enfilan a cotizar en un peso, tras el default en que incurrió al omitir el pago de 30 millones de dólares por concepto de intereses de una emisión de deuda, la constructora acaba de recibir oxigeno de parte de Pemex.

La filial de Transformación de la empresa productiva de Estado le acaba de otorgar un contrato a su filial ICA Fluor para instrumentar un proyecto de diésel limpio en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La contraprestación será de mil millones de dólares. El contrato incluye la instalación de plantas de recuperación de hidrogeno, azufre y tratamiento de aguas amargas, además de la modernización y reconfiguración de las existentes.

Sí… pero no. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas ha contribuido a reducir su ingesta. El documento fue publicado por el British Medical Journal.

Sin embargo, de acuerdo a estudios que a su vez han realizado el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Colegio de México, el consumo de calorías prácticamente se mantiene intacto, dado que la merma en las ventas fue inferior al 0.5 por ciento.

El impacto, sin embargo, se carga hacia el gasto de los hogares, especialmente el de estratos más bajos.

El Colmex estima que la compra a un precio mayor de bebidas carbonatadas disminuyó en tres por ciento la adquisición de productos de la canasta básica.

Otro golpe, pues, a las clases populares.

Golazo a gaseras. Abierta la posibilidad de competencia abierta en el mercado de gas LP, vía la posibilidad de importación del combustible, hete aquí que el gobierno una vez más le ata las manos a Petróleos Mexicanos para subir al ring con posibilidad de éxito.

El gas que distribuye la exparaestatal estará sujeto a un estricto control de precios.

Naturalmente, el golpe afecta en círculos concéntricos a los distribuidores que se nutren de la empresa productiva de Estado.

El gas producido en el exterior cuesta hasta 35 por ciento menos que en el país.

albertobarrancochavarria0@gmail.com