Oceanografía en el limbo

Los gritos hablaban de pruebas contundentes para tipificar el delito de lavado de dinero. Se trataba de facturas de la empresa contratista de Pemex que amparaban la compra de vehículos Rolls-Royce.

El préstamo de Banamex, eje, núcleo, epicentro del escándalo, utilizado para compra-venta de vehículos de lujo.

Tsunami sobre el empresario.

Repuesto del aturdimiento, éste espetaría sin mayor aspaviento: —¿Sabes inglés? Los documentos avalaban, sí, una colosal compra a la firma inglesa… pero de motores.

Estos eran los únicos que garantizaban el funcionamiento óptimo de la flota de la compañía. Había, pues, que checar el número de serie con los navíos anclados en isla del Carmen, Campeche.

El procurador se retiró furioso.

La paradoja del caso, por lo demás, es que aun cuando Yáñez se hubiera vuelto comerciante de automóviles con el dinero de Banamex, no habría cometido delito alguno.

Los 450 millones de dólares de la discordia no fueron un préstamo etiquetado a la compañía hoy en desgracia. Se trató de una operación de descuento conocida en el argot financiero como factoraje.

Te entrego facturas por cobrar y me adelantas los recursos.

El estruendo hablaba de que los documentos que cobraría por su cuenta el banco, descontándole a Oceanografía por concepto de comisión 15% cuando los cobros eran en pesos y 20% cuando se habrían pactado en dólares, habían sido falsificados en parte.

De acuerdo a la intermediaria fueron 10 las operaciones realizadas.

Para efectos de reposición de los recursos se crearon tres fideicomisos en Banamex.

La sorpresa, es que de acuerdo al juez del concurso mercantil al que se emplazó a Oceanografía, Felipe Consuelo Soto, la operación está saldada en su mayoría, es decir Banamex ya cobró.

Según el togado, sólo existiría un saldo de 112 millones de pesos, equivalente a 1.49% del monto reclamado por Banamex.

En su resolución, Consuelo Soto habla de diferencias entre las cantidades depositadas por la contratista de Pemex y las que eran aplicadas al pago de la deuda en la mayoría de los descuentos reclamados por Banamex.

El banco había reconocido un quebranto en sus utilidades por el caso Oceanografía de tres mil 172 millones de pesos.

La resolución del juez, quien no incluyó en la masa crítica del concurso mercantil la deuda con Banamex, fue avalada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del DF.

La sentencia planteada por el magistrado Armando Cortés Galván habla que los adeudos reclamados por el grupo financiero son inconsistentes en definir el origen, liquidez y exigibilidad.

“Este tribunal, sostuvo el magistrado, no puede conocer si esas deducciones son o no legales; tampoco se puede resolver si el importe reclamado es o no correcto”.

Con todo, Yáñez Osuna sigue en la cárcel. La empresa que hace un año tenía más de 11 mil trabajadores sólo mantiene 600, y aunque existe una resolución que le da pauta a la salida del concurso mercantil a Oceanografía, ésta fue impugnada por uno de los acreedores, lo que la dejó en el limbo.

Pero de ello le platicamos mañana.

Balance general. En su comparecencia ante diputados en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presumía cifras sin precedente en materia de recaudación, lo que no empata con el crecimiento de la deuda pública y el déficit fiscal que se conoce.

De acuerdo a cifras de la propia dependencia durante julio pasado la recaudación se incrementó en 28.8% en términos anuales, pero se registró un déficit en las finanzas públicas de 30 mil 417 millones, es decir el monto de captación fue inferior a lo gastado.

El acumulado en el año planteaba un desbalance de 375 mil 442 millones de pesos, lo que representaba un 11% más respecto al del año pasado.

Y aunque del otro lado de la moneda, naturalmente, está la caída del ingreso petrolero, que en julio llegó a 22.6% a nivel anualizado, habría que analizar si el boquete empata, a pesar de los recortes, con el crecimiento de la deuda total del sector público.

Este podría llegar el año próximo a un nivel equivalente a 47.9% del Producto Interno Bruto, lo que representa 10.1 puntos adicionales al saldo del 2012.

¿Tajada de león? A contrapelo del optimismo que habla de que el gobierno se llevó la tajada del león en la segunda fase de la ronda uno para contratos de extracción de petróleo en aguas someras, la oposición legislativa se queja de que se sacrificó la posibilidad de mayores recursos.

Para la primera área concesionada el gobierno se quedará con 35% del volumen de crudo que se extraiga, y con 45% de las utilidades.

Par la segunda habrá 30% de petróleo y 40% de la renta, y para la tercera la proporción es de 42% y 32% respectivamente.

Otro freno a Abilia. A pesar de haber ganado el juicio de lesividad que promovió en su contra el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la empresa constructora Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, no puede aún continuar la construcción de su desarrollo Nimbus en Polanco.

Los vecinos de la calle Rubén Darío interpusieron en su contra una Acción Publica ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativa del Distrito Federal.

La querella la firman 10 representantes de organizaciones vecinales.

El juez de la causa no ha dictado suspensión.

La exposición de motivos habla de que en la zona solo se permiten estructuras de hasta 12 niveles. La torre de la discordia tendría 30.

La inversión en juego es de dos mil 218 millones de pesos.

Axtel-Alestra. De concretarse la fusión de Alestra, propiedad del Grupo Alfa de Monterrey, y Axtel, subsistiendo la segunda, habrá dos presidentes en la resultante: Álvaro Fernández Garza y Tomás Milmo Santos.

El director general será Rolando Zoberán Shetler y el de finanzas Felipe Canales Tijerina.

Axtel seguirá cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores.

albertobarrancochavarria0@gmail.com