Paulo Diez Gargari firmó como apoderado legal de la empresa Infraiber algunos de los desplegados a plana entera en que se acusaba a la filial en nuestro país de la firma española Obrascón Huarte Lain de presuntos actos de corrupción.

La empresa alegó que los diálogos telefónicos habían sido “truqueados”.

A Diez Gargari se le detuvo en forma espectacular para ser presentado por una denuncia colocada en la mesa por OHL por intervención de comunicaciones privadas.

El problema es que llevaba una pistola calibre .38 Súper, lo que motivó su detención.

Los muchos decibeles del escándalo provocaron primero la remoción del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno del Estado de México, Alfonso Mena Vargas, y luego la del responsable de vías de cuota de la propia entidad federativa, Manuel Ortiz García.

Del lado de OHL fue cesado su director de relaciones institucionales, Pablo Wallentin, cuya voz aparecía en la totalidad de las grabaciones desnudadas.

El problema entre OHL México e Infraiber derivó de un contrato otorgado a ésta por la entidad gobernada por Eruviel Ávila, cuyo monto podría alcanzar cuatro mil millones de pesos.

El contrato, por absurdo que parezca, era por 20 años, apuntando a certificar el aforo por las casetas de peaje de carreteras o vialidades de cuota, algunas de las cuales se le habían concesionado a OHL.

De acuerdo a los parámetros internacionales los contratos similares tienen una duración de tres o cuatro años; el pago por vehículo detectado es de 12 centavos, y ningún gobierno se arriesga a darle a una sola firma un contrato por la totalidad de las concesiones.

Lo curioso del caso es que la tarea la iba a subrogar Infraiber a una firma española especializada, dada su falta de experiencia en la tarea. La empresa se habia constituido para realizar este tipo de tareas cuatro meses antes.

Y lo curioso, además, es que el precio original por vehículo era de 25 centavos.

El contrato se entregó sin licitación de por medio.

Este lo firmó el hoy renunciado Manuel Ortiz García, quien previamente le había otorgado a Infraiber una concesión para aprovechar las aguas del río de los Remedios, que posteriormente se le vendería a ICA.

La ruptura llegó cuando el gobierno de la entidad mexiquense pretendía bajar el precio al nivel original de 25 centavos.

La paradoja del asunto es que la firma involucró a OHL en la zancadilla, cuando a ella de cualquier manera se le obliga a un pago de 50 centavos por cada vehículo que cruza por las dos autopistas concesionadas a su causa, colocándose el recurso en un fideicomiso.

La constructora encabezada por José Andrés de Oteyza nunca ha tenido una relación contractual con Infraiber.

A partir de entonces se inició una guerra de desplegados y en paralelo se descobijaron las llamadas telefónicas.

La última llamada involucra al secretario de Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en comunicación telefónica con el cesado Pablo Wallentin, hablando, justamente, del contrato que está en litigio.

En la comunicación Ruiz Esparza señala que “Infraiber no tiene cómo defenderse porque no hay acción contra el gobierno del Estado de México; porque no hay nada que le haya dado un derecho; porque no se firmó contrato con OHL, ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.

El escandalo al clímax.

Balance general. De acuerdo con la versión del ISSSTE, durante el 2014 y el 2015 se realizaron ocho licitaciones públicas de servicios médicos integrales que abarcaban la contratación de Endoscopia del Tubo Digestivo; Anestesia, Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia y Neurocirugía; Endovascular; Cirugías de Mínima Invasión; Hemodiálisis; Osteosíntesis y Endoprótesis; laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre.

Los concursos, señala, se realizaron de acuerdo a la normatividad aplicable.

La convocatoria se publicó en Compranet.

A la cita acudieron un máximo de ocho empresas en el caso de hemodiálisis; siete en el banco de sangre; seis en laboratorios de análisis clínicos y anestesia… La participación mínima fue de tres en el caso de cirugías cardiovasculares y cirugías de mínima invasión.

En la mayoría de los casos, dada la información entregada al columnista, se logró abatir los precios respecto a los contratos pactados en el 2010 en una licitación similar de carácter trianual, en porcentajes que oscilan entre 50.2%, 40.6%, 31.9% y 21.2%.

En el caso de endoscopia, por el contrario, se incrementaron los costos 60.1%; 19.8% en análisis y 3% en laboratorios de banco de sangre.

El 62.24% de los contratos se le otorgaron, como lo publicamos, a tres empresas del Grupo Vitalmex: Vitalmex, Aplicaciones Médico Integrales y Médika Humana.

El monto total de los contratos era de 12 mil 500 millones de pesos.

Deducción por ley. Colocado de espaldas a la pared el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al haber señalado a legisladores priístas que la reforma fiscal se mantendría inalterable, es decir no más impuestos o más tasas ni reducción del ingreso, la cúpula empresarial está buscando abrir el ostión por la vía legislativa.

En los 11 puntos para la reactivación económica del país que le plantó el Consejo Coordinador Empresarial al Legislativo se habla, justo, de reponer la deducción inmediata de las inversiones, el ahorro y las prestaciones sociales extraordinarias de los trabajadores.

Lo que no se haga por la vía de una miscelánea fiscal, se haría por la de una reforma de ley.

En paralelo, se pide desvincular los salarios mínimos de las multas, como que se hizo en la capital del país.

Una para Vergara. En el pleito que enfrenta contra su aún esposa, Angélica Fuentes, a quien se ubica como “reina del gas”, el empresario Jorge Vergara, ubicado a su vez como “rey de los suplementos alimenticios”, éste se llevó un punto a su favor, aunque sin mayor peso específico.

El dueño del equipo de futbol Guadalajara está anulando la marca de cosméticos Angelissima, sustituyéndola por otra denominada Seytú.

En días pasados también Vergara había logrado la repatriación de sus dos hijas a quienes su madre se había llevado a Estados Unidos, aunque el hecho no implica que quedan bajo su custodia.

El problema de la pareja es que cada una de las partes tiene el 50% del emporio, lo que vuelve misión imposible que una tome acciones en lesión de la otra.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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