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La firma que pagó desplegados, algunos de 600 mil pesos, contra la filial de OHL España, primero bajo el agua y luego abiertamente, le pelea a la entidad gobernada por Eruviel Ávila un contrato de cuatro mil millones de pesos.
Otorgado bajo parámetros inauditos, 20 años de vigencia y 50 centavos por cada vehículo contabilizado en la totalidad de las 12 autopistas de cuota del Estado, éste apuntaba a certificar los cruces por las casetas de peaje.
De acuerdo a los parámetros internacionales los contratos similares tienen una duración de tres o cuatro años; el pago por vehículo cruzado es de 12 centavos, y ningún gobierno se arriesga a darle a una sola firma el conteo de la totalidad de las autopistas concesionadas.
Lo extraño del caso es que la tarea la iba a subrogar Infraiber a una firma española especializada, ante su falta de experiencia. Lo extraño del caso es que el precio original por vehículo era de 25 centavos. Lo extraño del caso es que no hubo licitación de por medio.
Infraiber, en la división requerida, se constituyó cuatro meses antes de otorgarle el inaudito regalo.
El contrato-marco lo firmó Manuel Ortiz García, el equivalente al director general de Caminos y Puentes del gobierno federal en el estatal, quien previamente le había otorgado a Infraiber una concesión para aprovechar las aguas del rio de los Remedios, que posteriormente se la vendería al Grupo ICA.
El funcionario ha sido cesado.
La ruptura llegó cuando el gobierno de la entidad mexiquense pretendió bajar el precio al nivel original, es decir 25 centavos.
La paradoja del caso es que la firma involucró a OHL en la zancadilla cuando a ella de cualquier manera se le obliga a un pago de 50 centavos por cada vehículo que cruza por las dos autopistas de cuota concesionadas a su causa.
La constructora encabezada por José Andrés De Oteyza nunca ha tenido una relación contractual con Infraiber.
Los recursos se colocan en un fideicomiso.
Ahora que, simultaneo a la pelea por el multimillonario contrato, Infraiber, vía su filial Viabilis, se enfrenta con el gobierno federal en su intento de extender y modificar la concesión del ferrocarril Chiapas-Mayab, conocido como “La Bestia”.
Estamos hablando del tren que corre por la rica zona del Soconusco hasta llegar a la frontera con Guatemala, pasando por Campeche y Quintana Roo.
La concesión la mantenía la compañía Chiapas-Mayab, filial mexicana de la empresa estadounidense Genesse & Wyoming, quien la dejó tirada ante una desavenencia con el gobierno, a raíz de los daños provocados por un huracán en un tramo de 283 kilómetros.
El caso es que sorpresivamente la firma Viabilis Holding, filial de Infraiber, tenía la concesión, pretendiendo venderla a la firma española grupo Azui, a contrapelo de la Ley Ferroviaria que vuelve intransferibles las concesiones.
En la fase previa, además, Viabilis quería modificar la ruta para llevarla hasta la Riviera Maya y el puerto de Dos Bocas, ubicado en Tabasco… sin modificarse el Título de Concesión ni pagar los derechos de vía.
El caso es que en el pleito frente al absurdo, la concesión se extinguió.
La disputa sigue en los tribunales.
Ahora que, decíamos, OHL mantiene una demanda contra la firma bajo cargos de espionaje y extorsión.
La guerra de los tres frentes.
Balance general. Aunque los propios funcionarios responsables habían vaticinado una participación discreta de las empresas inscritas en la llamada Ronda Uno, la cosecha resultó más raquítica de lo esperado. De entrada solo nueve de las firmas en disputa por la posibilidad de alcanzar contratos para exploración y explotación de petróleo en aguas someras llegaron a la cita.
La lista hablaba de 18 empresas en lo individual y siete consorcios.
La posibilidad de algo más de lo esperado se abrió cuando la empresa Sierra Oil and Gas, en consorcio con Talos Energy y Premier Oil se llevó el bloque dos… y luego el siete, declarados desiertos el tres, cuatro y cinco.
La ruta se alargó con los números ocho, 9, 10 y 11… y luego con el 12, 13 y 14.
La razón no era que hubiera desempate entre las ofertas planteadas y el precio mínimo de referencia previsto por la Secretaría de Hacienda, sino simplemente que los sobres estaban en blanco.
El gozo, pues, se fue al pozo: Dos de 14. El marcador del fracaso.
Televisa quiere con Telmex. Entre las firmas que se han acercado al Instituto Federal de Telecomunicaciones en búsqueda de autorización para compartir la red de América Móvil, es decir Teléfonos de México y Telcel, ésta Televisa.
La empresa de Emilio Azcarraga Jean pretende crear una operadora de servicios móviles con apoyo de la infraestructura de la compañía declarada dominante.
Como usted sabe, aunque la televisora vendió su parte en Iusacell, le queda una empresa del ramo de razón social Bestel.
La intención es ofrece tripleplay.
Como recordará, en los últimos días de marzo regresaron a los canales de la televisora los anuncios de algunas de las firmas del magnate Carlos Slim, tras un largo paréntesis en cuyo marco se inició una guerra abierta entre las compañías.
Mano dura. Endurecidas las acciones para evitar el ingreso de productos de acero provenientes de China, Rusia y Ucrania apoyados en prácticas ilegales como subfacturación o cambio en el etiquetado de origen, están en capilla 15 empresas importadoras, tras sancionarse previamente a nueve.
La cadena alcanza a media docena de despachos aduaneros a los que se les acusa de complicidad.
Las Secretarias de Hacienda y Economía realizan acciones conjuntas en un escenario similar al que se está ejecutando para proteger a las industrias textil, del vestido y calzado.
Representantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero visitan periódicamente las aduanas.
Batean a Slim. Aunque la Inmobiliaria Carso del magnate Carlos Slim mejoró de 0.44 a 0.58 euros su oferta por su similar española Realis, el Consejo de Administración de ésta la rechazo por considerarla insuficiente.
Los papeles de la firma se cotizan en 0.61 euros en la Bolsa de Valores de Madrid.
El dictamen definitivo lo planteó la firma consultora Nomers, calificando de reducida la oferta.
La filial del Grupo Carso tiene el 24 por ciento del capital de la compañía de la discordia.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
