AL y el Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia: acelerar la adhesión

La delincuencia en Internet está aumentando de forma notable a medida que crece el uso de las tecnologías de la comunicación a nivel mundial. Y más y más delincuencia informática supone un ataque contra los valores fundamentales de nuestras sociedades. Cientos de millones de ficheros de datos personales son robados cada año. En septiembre de 2016, los medios informaron del robo de datos de al menos 500 millones de cuentas de usuarios de Yahoo. Vemos ataques contra la infraestructura de Internet, sabemos que los terroristas usan las tecnologías de la información para sus fines y se habla de intrusiones informáticas que tienen como objetivo influir en los resultados de elecciones democráticas.

Y cualquier crimen que ocurra en la actualidad puede dejar un rastro en los sistemas informáticos: un correo electrónico para pedir un rescate en caso de secuestro o extorsión, transacciones entre traficantes de drogas, casos de fraude y corrupción, la comunicación de adultos con menores por Internet con el objetivo último de abusar sexualmente de ellos, o terroristas que conspiran para llevar a cabo un ataque.

El Foro de las Naciones Unidas para la Gobernanza de Internet, que se celebrará en Zapopan (Jalisco, México) del 6 al 9 de diciembre, reunirá a representantes de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico para discutir las posibles soluciones a las cuestiones de política pública relacionadas con Internet. Cómo mejorar la manera en la que se previene y combate la delincuencia en el ciberespacio, respetando al mismo tiempo los derechos humanos y el Estado de derecho, será uno de los temas principales de discusión.

Los gobiernos tienen la obligación de proteger a la sociedad y a las personas contra la delincuencia, lo que incluye medidas de derecho penal que engloben también al ciberespacio. Se necesitan pruebas electrónicas para investigar, procesar y juzgar a los autores de estos delitos. A menudo las pruebas electrónicas se almacenan en algún lugar de la “nube”, es decir, en servidores situados en jurisdicciones extranjeras, desconocidas, múltiples o cambiantes. Mantener a salvo las pruebas electrónicas volátiles plantea complejos desafíos legales, prácticos y técnicos. La cooperación internacional a todos los niveles es indispensable.

Por último, los gobiernos deben cumplir con los criterios de derechos humanos y del Estado de derecho cuando investiguen los delitos cibernéticos y obtengan pruebas electrónicas. Los poderes de las fuerzas de seguridad deben estar claramente recogidos en la ley y limitados por salvaguardias y condiciones.

La Convención del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia (denominado Convenio de Budapest por la ciudad en la que se aprobó en 2001) ayuda a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones y a abordar estos desafíos. Quince años después de su adopción sigue siendo el tratado internacional más efectivo sobre ciberdelincuencia y el Estado de derecho en el ciberespacio.

Esta convención obliga a las partes a penalizar actos delictivos contra los ordenadores y valiéndose de ellos y a dar poderes a las autoridades de la justicia penal para obtener pruebas electrónicas, no sólo en relación con la ciberdelincuencia sino también con cualquier delito que implique pruebas electrónicas.

La Convención contribuye también a involucrar a los países en la cooperación internacional efectiva y los ayuda a cumplir con los requisitos de los derechos humanos y el Estado de derecho: los poderes de las fuerzas de seguridad permiten recuperar los datos específicos necesarios para las investigaciones criminales; no prevén la recopilación o retención de datos a gran escala, y deben limitarse mediante condiciones y salvaguardias.

Con respecto a la obtención de pruebas electrónicas alojadas en los servidores en la nube, hace unas semanas los Estados signatarios del Convenio acordaron una serie de medidas prácticas para mejorar la cooperación con los proveedores de servicios. Se está discutiendo la posibilidad de complementar la Convención con un Protocolo adicional. Esperamos una decisión final para junio de 2017.

El Convenio de Budapest está abierto a la adhesión de cualquier país comprometido a aplicar sus disposiciones y a involucrarse en la cooperación internacional. Hasta el momento, cincuenta Estados han ratificado este tratado. Por ejemplo, en el continente americano forman parte del mismo países como Canadá, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos. Han sido invitados a adherirse otros siete países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú.

Aunque se necesitan medidas urgentes para proteger a la sociedad y las personas contra la delincuencia, algunos países aún no han concluido sus procedimientos internos para adherirse al Convenio. Se necesita tiempo para reformar el derecho penal interno, pero algunos Estados —por ejemplo, la República Dominicana— han logrado hacerlo en un plazo de tiempo bastante corto.

Los países de Latinoamérica deberían acelerar y completar el proceso de adhesión al Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia lo antes posible y demostrar así su compromiso para proteger el Estado de derecho en el ciberespacio. Y, como miembros del Convenio, deberían desempeñar un papel principal cuando se negocien soluciones para obtener pruebas electrónicas en la nube.

Secretario General del Consejo de Europa.