Para correr primero hay que caminar

Mientras dictaba una conferencia en una universidad del norte del país, un estudiante de Derecho que estaba entre el público pidió la palabra y me preguntó: ¿por qué el nuevo Sistema de Justicia Penal deja libres a los delincuentes?

Durante unos segundos lo miré, mientras pensaba en todo lo que he leído en los medios al respecto. Tras ocho años de trabajo de miles de personas para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en México, todo se resumía a esa pregunta. “Es cierto”, contesté. “También es cierto que las nuevas leyes mexicanas permiten que eso suceda. Sin embargo, estamos hablando de justicia, no de estadística”.

Para poder entender una implementación de esta envergadura hay que tener en cuenta tres factores importantes: la perspectiva, el tiempo y el esfuerzo.

Si queremos ver el asunto desde una perspectiva estadística, el nuevo sistema falló tanto como un niño que a los tres meses de edad no habla, no lee y no genera ingresos para la familia.

Nuestro sistema de justicia es un recién nacido. Fue dotado de todos los elementos para tener éxito en la vida; tiene un fundamento humanista como nunca antes; está basado en principios como la oralidad y la publicidad, que garantizan que no habrá asuntos ocultos. Pero es demasiado joven como para que podamos exigirle que hable por sí mismo o que nos demuestre que podrá soportar, ya, a toda la familia.

Está inspirado en modelos que en otras partes tuvieron éxito, sí; pero sobre todo está basado en el análisis de los errores que otros países cometieron para que no los repitamos.

A esto me refiero cuando hablo del tiempo. No podemos decir que el sistema falló porque es muy pronto. Y mucho menos podemos asegurarlo basándonos en errores humanos.

Por otro lado, el esfuerzo debe encaminarse a prevenir que nuevos errores surjan y a que la corrupción no se mantenga en las líneas operativas de las instituciones. Si logramos esto, el esfuerzo será una parte fundamental para garantizar el éxito del sistema.

“Ahora bien”, le dije al universitario, “hay quienes piensan que deberíamos regresar al modelo anterior, pero te pregunto: ¿qué pasaría si saliendo de aquí te obligan a confesar un delito que no cometiste? La ley anterior se conforma con una confesión”. No podemos negar que este tipo de prácticas existen, pero es cuestión de todos poder evitarlas.

La justicia no es un ente que tenga la verdad; es una herramienta que utilizan las personas para responder a un desbalance social en un momento determinado. Las leyes actúan como manual de instrucciones, sí, pero al final son estas personas, a las que les conferimos la autoridad física y moral de salvaguardarnos, de las que depende la justicia.

El esfuerzo debe enfocarse en garantizar que estas personas sean ética y moralmente dignas de tomar las decisiones y realizar su trabajo correctamente.

Todas las instituciones que están alrededor de la justicia en México deben cambiar su modo de actuar para poder llegar a la consolidación de este sistema de justicia. De lo contrario, corremos el riesgo de que las voces que exigen más presos a costa de los derechos de las personas, ganen.

Cambiar un sistema penal tan complejo no es posible si sólo se ocupan recursos humanos, técnicos y económicos durante su implementación: la evaluación y mejora de todos los procesos deben ser constantes y arduas.

Aquí es donde radicará el éxito de este trabajo que nos llevó años completar tras el mandato constitucional del 18 de junio de 2016, y del que estamos orgullosos; un niño que será tan fuerte como hoy nos dediquemos a encaminarlo. El futuro del nuevo sistema de Justicia Penal está en las manos de la perspectiva, el tiempo y el esfuerzo que pongamos en su consolidación.

Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal