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La Constitución como motor de cambio

Jorge Aréchiga Ávila

Una función de nuestra Carta Magna es la de promover cambios, y la reforma energética es prueba de ello

Más allá de definiciones tradicionales, debemos asumir a nuestra Constitución como la realidad mexicana materializada en un texto, donde queda reflejada nuestra identidad, caracterizada por su composición pluricultural; las libertades ciudadanas, reivindicadas a lo largo de nuestra historia; y las instituciones democráticas, consolidadas por la madurez ciudadana y el Estado de Derecho.

Sin embargo, la Constitución también ha servido para encauzar las aspiraciones de los mexicanos, como el caso de los ideales revolucionarios consagrados en el texto original de 1917. Por ello, en los años recientes el Poder Legislativo federal, de la mano de los Congresos locales y el gobierno de la República, hemos emprendido un esfuerzo sin precedentes a fin de lograr las reformas necesarias para mover a México desde nuestra Carta Magna.

De manera particular, legisladores, académicos y especialistas del Derecho Constitucional, han considerado a la reforma energética del año 2013 como la más importante del México contemporáneo.

Esta reforma rompió con un paradigma de 75 años, en que prácticamente todas las actividades productivas en materia de hidrocarburos estaban reservadas al Estado. A pesar del valor que implicó la nacionalización de la industria del petróleo en 1938, es evidente que las causas que motivaron esa decisión de Estado han cambiado, sobre todo tratándose de una industria tan estratégica y al mismo tiempo volátil como la de la energía, en la que convergen factores económicos, geográficos, ambientales y hasta políticos.

Si bien la industria mexicana del petróleo se consolidó como la palanca del desarrollo nacional durante la segunda mitad del siglo XX, el monopolio del Estado en esta materia se volvió insostenible, principalmente por la reducción de las reservas de hidrocarburos de origen fósil y la creciente dificultad para su aprovechamiento, además de la necesidad de transitar hacia alternativas energéticas más eficientes y menos contaminantes.

En este contexto, la administración del presidente Enrique Peña Nieto y el Constituyente permanente que avaló la reforma constitucional en materia energética de 2013, quedarán registrados en la historia moderna de nuestro país como los grandes transformadores de un modelo energético ineficiente y obsoleto, en una industria abierta y competitiva que garantiza la propiedad nacional del petróleo, así como la seguridad y la soberanía energéticas.

Para los legisladores del Verde, uno de los aspectos más significativos de la reforma energética fue la incorporación de criterios de sustentabilidad en una industria que, por su propia naturaleza, es altamente contaminante.

A partir de entonces, la Ley Suprema mandata la protección del ambiente en todos los procesos de la industria energética, para lo cual se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos. Asimismo, establece obligaciones de energías limpias para los participantes de la industria eléctrica, y se ordenó la creación de una estrategia para promover el uso de tecnologías y combustibles limpios.

De esta manera, la reforma constitucional en materia energética es prueba fehaciente de que, por su legitimidad jurídica y política, la Constitución es capaz de romper los paradigmas y los tabúes más arraigados, en beneficio de los mexicanos. A dos años y medio de su entrada en vigor, efectos positivos como la reducción de las tarifas eléctricas, el aprovechamiento de energías limpias o la apertura gradual del mercado de las gasolinas, son una realidad indiscutible.

Si todos estos beneficios derivan de reformas a nuestra Carta Magna, la importancia de una Constitución para cualquier ciudadano indudablemente radica en su capacidad para generar bienestar.

Senador de la República

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