Tortura: epidemia en México

Por Vicente Flores

Hasta 2015, la Procuraduría General de la República recibió cuatro mil 55 denuncias por este crimen, de las cuales sólo mil 884 se encuentran bajo investigación, por ello, Amnistía Internacional consideró a la tortura como “una epidemia”.

México ocupa el segundo lugar en casos de tortura, de acuerdo con la encuesta global “Actitudes con respecto a la tortura”, al ubicarlo por encima de países en constante conflicto como Turquía y Pakistán y sólo por debajo de Brasil.

Habitantes de Lerma, Estado de México, presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de policías municipales que habrían golpeado, torturado y asaltado a varios miembros de la comunidad.

Los vecinos dijeron que el lunes por la noche una de las víctimas fue “levantada” por elementos de municipales, quienes ingresaron sin permiso a su casa y además robaron objetos de valor. Algunos no portaban su uniforme.

No es el primer caso de este año en el que autoridades mexiquenses se ven involucradas en este tipo de actividades.

En Marzo de este año, la plataforma Mexileaks difundió un video donde se aprecia como un detenido es sometido y asfixiado por miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Los responsables de estos hechos fueron cesados de su cargo.

En el último mes, en diversas localidades mexiquenses, han aparecido 11 cuerpos de mujeres que presentaron signos de tortura. En tanto, el Estado de México lidera las estadísticas nacionales en feminicidios.

De acuerdo con la Convención Internacional sobre la materia, emitida por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tortura es todo acto que causa dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener una confesión, de castigar, intimidar o coaccionar a la víctima.

Las técnicas para torturar pueden ser desde una quemadura con cigarrillo, simulacros de ahogamiento hasta descargas eléctricas.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994 refiere en su artículo cuarto que el funcionario que violente la integridad de alguna persona se le aplicará una sentencia de tres a doce años de prisión y una inhabilitación al puesto que podría alcanzar hasta 24 años.

Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un dictamen de ley en la materia, donde se imponen sentencias que van de los 10 a los 20 años y la prisión preventiva para el presunto culpable de este delito.