Transparencia, centralismo y presupuesto

Ángel Trinidad Zaldívar

Condicionar la suficiencia de recursos es el mejor mecanismo de control de los órganos de transparencia; sutil pero efectivo

Cada año, desde hace más de 12, los institutos locales de transparencia se reúnen y exigen a la Cámara de Diputados la creación de un fondo con recursos federales. Cada año reciben la misma respuesta: “ya mero”. En su mayoría, esos institutos operan en condiciones precarias y con presupuestos por debajo de sus necesidades. Esto les obliga a trabajar siempre a expensas de los gobernadores que aplican la máxima de: “el que paga manda”. En efecto, si el gobernador o el Congreso local pagan, o pueden imponer límites y condiciones al presupuesto, entonces mandan. Condicionar la suficiencia de recursos es el mejor mecanismo de control; sutil pero efectivo. La consigna para los órganos de transparencia es clara: “mientras más abras la llave de la transparencia y las puertas de la rendición de cuentas, más te cierro el suministro de los recursos”.

A los institutos se les conoce como órganos garantes de la transparencia y, para Ferrajoli, “las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional”. ¿Cómo puede reducirse la distancia estructural entre normatividad y efectividad, posibilitando la máxima eficacia de este derecho, sin recursos suficientes? La respuesta no admite matices: sin presupuesto no hay garantía que sea efectiva. De ahí que se convierta en lo que él mismo afirma: un derecho no garantizado no es un verdadero derecho.

Estudios recientes dan señales de alerta: a nivel nacional contamos con 2 mil 116 servidores públicos adscritos a los Órganos de Transparencia. De éstos, 681 corresponden al Inai (32.2%); al INFODF 239 (11.3%); Jalisco y Edomex tienen 107 funcionarios (5.1%) y de ahí nos vamos a estados como Colima, BC y Nayarit que cuentan apenas con 13 funcionarios (0.6%) o BCS con el 0.4% es decir, 9 empleados. ¿De verdad esto es suficiente para atender un derecho humano? Parafraseando a Dworkin, tomémonos este derecho en serio, no simulemos.

Difiero de la visión de exigir recursos a la Federación, porque creo que esa no es la solución; eso ha hecho de nuestro federalismo uno muy particular, muy tropicalizado: el federalismo centralizado. ¿Qué no funcionan las compras de medicamentos en los estados? Centralicemos; ¿Qué no funcionan las nóminas magisteriales? Centralicemos; ¿Qué no cumplen las expectativas los órganos electorales locales? Centralicemos funciones; ¿Qué hay fallas en los órganos locales de transparencia? Que el Inai resuelva. ¿Qué los estados no dan presupuesto? Que lo ponga la Federación.

Soy un convencido de que los órganos locales deben tener muchos más recursos que los que hoy se les asigna, pero no a costa de la Federación, sino de los propios estados. ¿Por qué? Porque dinero local hay, y mucho. Ejemplos: en Veracruz su presupuesto de egresos es de casi 102 mil millones de pesos; el de Morelos es de más de 21 mil 500 millones de pesos; y el de Nuevo León es de 89 mil 500 MDP. Aun así, escatiman dinero a los Institutos.

A manera de provocación hago una propuesta. Dado que los temas de comunicación social y transparencia se tocan, bien podrían compartir sus presupuestos. En efecto, en vista de que a los rubros de comunicación social siempre se le destinan cuantiosos recursos (de esos que los gobernadores dicen que no hay) los órganos de transparencia saldrían ganando. Veamos. En 2015 a Colima le aprobaron un presupuesto de 14 millones de pesos (mdp) para comunicación Social, pero acabó gastando 36 mdp y su instituto tuvo un presupuesto de 6 mdp; en Morelos se aprobaron 138 mdp, pero gastaron 351 mdp que contrastan con los 17 mdp que costó su Instituto; en Nayarit se aprobaron 73 mdp, pero erogaron 123 mdp, mientras su Instituto tuvo un presupuesto de apenas 5 mdp; en Veracruz, el Congreso aprobó 109 mdp, pero el gasto total fue de 419 mdp, más de diez veces lo que costó la transparencia.

 

Ex comisionado del IFAI.
@atrinidadzal

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