Un (verdadero) golpe a la delincuencia

El debate sobre la regulación de la mariguana y otras drogas en México debe incluir las implicaciones en materia de seguridad pública que tendría esta medida. En dicha discusión es prioritario definir si esta acción serviría para golpear la estructura financiera del crimen organizado y con ello disminuir sustancialmente su poderío e influencia, las cuales hoy por hoy nos tienen inmersos en un clima de inseguridad y violencia que se ha convertido en la principal preocupación de todos los mexicanos.

Sin prejuicios ni conjeturas, es momento de definir con argumentos y evidencia científica si la regulación de la mariguana y de otros estupefacientes puede convertirse en la acción más contundente de una estrategia de combate al crimen organizado, al arrebatar a los delincuentes su ilícita fuente de ingresos y contribuir de esa forma al debilitamiento de su poderío económico. De ser así, lograríamos por fin asestar un verdadero golpe a la delincuencia, del cual no podría recuperarse.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de la regulación de drogas como la mariguana, en su “Informe mundial sobre las drogas 2014” reconoce como probable que la regulación afecte de manera efectiva las ganancias de los delincuentes.

Citando un estudio realizado en 2012 por Alejandro Hope y Eduardo Clark, para el Instituto Mexicano para la Competitivdad, el reporte de la ONU establece: “Aunque se ha investigado poco el tema, los expertos estiman las pérdidas de los cárteles de narcotraficantes atribuibles a las iniciativas aprobadas en Colorado y Washington ?entidades de Estados Unidos en las que se ha regulado la producción, tráfico, comercialización y consumo de mariguana en casi 3 mil millones de dólares y una reducción del 20% al 30% de las ganancias”. A pesar de que se trata de sólo dos estados de la Unión Americana, el daño calculado a los bolsillos de los narcotraficantes no es despreciable.

Para tener una idea de la magnitud del golpe que podría recibir el crimen organizado al regular los estupefacientes, basta con revisar el documento “El problema de las drogas en las Américas: la economía del narcotráfico”, elaborado en 2013 por la Organización de Estados Americanos, que estima que el volumen del mercado del narcotráfico a nivel mundial asciende a unos 320 mil millones de dólares, o 0.9% del PIB global.

Agrega que tan sólo la cocaína genera ganancias ilícitas anuales por alrededor de 85 mil millones de dólares, aunque aclara que “cuando se trata de los ingresos provenientes de la mariguana y la metanfetamina, existen niveles de incertidumbre bastante altos”.

A nivel internacional, existe un consenso bastante amplio en la importancia de quebrantar la estructura financiera de los cárteles. Este acuerdo se ha traducido en políticas de combate al lavado de dinero y en acciones para impedir que esos recursos ingresen a la economía formal. Ello, en aras de debilitar el poder financiero de los delincuentes. No obstante, es evidente que esto no ha logrado evitar que el dinero que obtienen se utilice para sostener toda su estructura criminal, lo que les permite diversificar sus actividades ilícitas ya que el negocio principal, la droga, da para mantener toda la organización operando y así buscar nuevos “nichos de negocio”.

En México, la delincuencia organizada ha podido construir una enorme red de corrupción e ilegalidad. Y más aún, es gracias a sus amplios márgenes de utilidad que los cárteles han sometido la fuerza del Estado, mediante la compra y cooptación de autoridades de diverso rango y responsabilidad. Además, es gracias a esas ganancias que pueden mantener en “nómina” permanentemente a halcones, sicarios, operadores financieros y demás elementos indispensables para su organización.

¿Qué pasaría, entonces, si lográsemos eliminar la rentabilidad de su negocio mediante la regulación de las drogas? ¿Los cárteles se desmoronarían y con ello se reduciría de manera drástica el nivel de violencia y la inseguridad en México? ¿Los ingresos que obtienen por otros delitos les bastarían para sobrevivir y mantener toda su organización y la compra de conciencias y voluntades?

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, al finalizar este año el gobierno federal habrá invertido un total de 95 mil 322 millones de pesos en el rubro “seguridad nacional”, monto en el cual se incluyen los costos de la lucha contra el narcotráfico. En contraste, el presupuesto destinado a prevención y tratamiento de las adicciones sumará poco más de dos mil 900 millones de pesos, si consideramos el monto para la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y el Centro Nacional para la Prevención y Control de Adicciones. Es decir, para combatir a los cárteles gastamos 3 mil 200 por ciento más que lo usado para evitar que la gente incurra en el consumo de drogas o se traten las adicciones.

Si se regulara la mariguana y otros estupefacientes ¿sería posible revertir ese porcentaje y destinar mucho más dinero a prevención y tratamiento antes que a buscar narcotraficantes? ¿sería posible que todo el infructoso esfuerzo que hasta ahora se ha hecho por acabar con los criminales se redirija a evitar que los mexicanos sufran adicciones?

Proponemos, en resumen, que se realice un análisis que determine en qué medida la regulación de la mariguana podría debilitar la estructura financiera del crimen organizado y con ello poner en riesgo su subsistencia, y si esta decisión es suficiente para alcanzar dicho objetivo o si debería extenderse a otros estupefacientes. La Corte ya allanó el camino a la discusión. Aprovechemos la oportunidad.

*Presidente del Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ)

@andrea_ambrogi