En tiempos de la presidencia de José López Portillo, un día los mexicanos amanecimos con la noticia de que las cuentas en dólares que estaban en los bancos, se pagarían en pesos al precio fijado por el gobierno, que era mucho menor al del precio real de la divisa, y que habría control de cambios y nadie podría comprar dólares.

Para muchos fue un golpe, porque desde hacía rato que cualquiera que tuviera un poco de dinero, compraba la moneda estadounidense para protegerlo de la inflación y devaluación y por lo mismo, las transacciones importantes se fijaban en dólares, pues ya no había confianza en el peso.

Pero entonces, de la noche a la mañana, no sólo se habían duplicado las deudas, sino que había que conseguir los dólares para pagarlas en el mercado negro, que evidentemente floreció, quizá hasta con la complicidad del propio gobierno.

Los sudamericanos que habían llegado a México en los años 70, huyendo de la represión cuando los golpes de Estado en sus países, nos dieron una lección: los dólares no se guardan en los bancos, sino en la caja fuerte de la casa.

Muchos la aprendieron y durante casi 30 años lo hicieron, hasta que sin más, en plena segunda década del siglo XXI y con todo y esa enorme frontera compartida con Estados Unidos, el gobierno mexicano decidió otra vez establecer el control de cambios pero al revés, es decir, los bancos dejaron de comprar dólares en efectivo y las casas de cambio, que sí lo hacen, es en cantidades limitadas que dependen de su voluntad, aunque exista un tope oficial.

Si en tiempos de López Portillo el argumento fue que nos estaban cuidando porque salían demasiados millones del país, el argumento hoy es que nos están cuidando del lavado de dinero.

En ambos casos pues, lo pintan como un favor a los ciudadanos, y en ninguno reconocen sus errores o incapacidades como gobernantes.

Pero la diferencia entre esos dos momentos es significativa: aquello fue proclamado como una decisión presidencial por parte de un mandatario que lloró y juró defender al peso como un perro, mientras que esto fue hecho en silencio, por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, sin anuncios oficiales y los ciudadanos ni cuenta nos dimos. Ni siquiera los economistas, y eso es mucho decir.

Lo digo porque cuando recientemente le pregunté a dos de los más reconocidos economistas de México sobre esta situación, uno confesó que no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo y otro lo calificó de “medida administrativa temporal”, aunque quién sabe qué quiere decir esto porque lleva ya siete años y no parece tener para cuándo modificarse.

Por supuesto, igual que en tiempos de López Portillo, hoy también hay formas ilegales para cambiar efectivo, si lo sabrán los narcos, empresarios, iglesias y gobernantes, que lo hacen sin el menor empacho.

Hace un par de años, corrió la especie de que el presidente Peña Nieto había pedido que se elimine este control porque estaba afectando al consumo. No sé si fue cierto o no, pero la medida allí sigue y no parece que se haya evaluado si realmente afecta al consumo. O al turismo. O si por lo menos ha servido para evitar el lavado de dinero, como se supone que es su objetivo, pues cada día detienen a alguien que dicen que lo hace en cantidades impensables e impronunciables para un civil.

De modo pues, que todo indica que son medidas que solo afectan a los ciudadanos de a pie, a los que tienen un pequeño ahorro, a los que creyeron que así podrían cuidar sus recursos de las devaluaciones.

La verdad es que no tenemos idea de si nuestros tomadores de decisiones realmente saben tanto como pretenden o sucede, como dice Philipe Tetlock, que no saben más que cualquier persona interesada en el tema y sus predicciones se cumplen en la misma medida que las de los no expertos. Por eso el escritor Ionesco decía que el futuro solo se puede prever cuando ya pasó.

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

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