El jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., presentó un informe serio, bien documentado y contundente, como los trabajos a los que nos tiene acostumbrados. El informe se llama: Tlatlaya a un año: la orden fue abatir.
El informe cita un documento (Orden General de Operaciones de la base de operaciones San Antonio del Rosario) emitido por Sedena, cuyo fin es “establecer las prescripciones que deberán realizar los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la función de seguridad pública, con la finalidad de reducir la violencia en el país”. Además cita una orden de relevo y designación de mando de fecha 11 de junio de 2014, en donde se indica que “las acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad, sobre objetivos específicos”, y luego para rematar, el numeral VII de ese documento, dice: “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día, reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Hace once meses en este mismo espacio (http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/08/71662.php), refiriéndonos precisamente al caso de Tlatlaya, expresamos preocupación por el índice de letalidad tan desproporcionado que nos hacía pensar que en México se estaban dando ejecuciones arbitrarias, en virtud de un imprudente y desproporcionado uso de la fuerza y de las armas. Lo alarmante, ahora es saber que hay instrucciones de Sedena que abiertamente dicen que, sus operativos tienen como fin “abatir delincuentes”. El documento no dice “a fin de detener presuntos delincuentes”, sino que dice “a fin de abatir delincuentes”. ¡Adiós a la presunción de inocencia! ¡Adiós a la obligación de la función de seguridad pública de usar la fuerza como un último recurso! ¡No se molesten en detener! ¡Mátenlos en caliente!
El informe del Pro dice, de manera muy prudente, “una orden de abatir delincuentes en horas de obscuridad resultaría contraria a la legislación internacional en la materia”. ¡Por supuesto! Pero lo alarmante es que esto podría demostrar que, ejecuciones como las de Tlatlaya, se realizan con base en un plan concebido, o por lo menos respaldado por el “Alto Mando”, como lo señala el documento citado por el informe. Por eso, el Centro Pro señala lo siguiente: “en la medida en que no puede descartarse que otras unidades del Ejército estén realizando sus labores actualmente con órdenes de operación que sean incentivos para violar derechos humanos, la Sedena debe trasparentar las órdenes vinculadas con la Operación Dragón, suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes”…”. Y además, recomienda que “en cumplimiento de los estándares establecidos en los Principios relativos a la eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, la PGR debe permitir la creación de una nueva comisión indagatoria para el caso Tlatlaya… a efecto de que se procese a los presuntos responsables por la totalidad de los homicidios que cometieron”.
El informe habla de otras cosas muy importantes, como por ejemplo, el hecho de que no se sabe toda la verdad, a un año de distancia, de cuántos de los 22 muertos fueron ejecutados arbitrariamente; sobre la indebida participación inicial del Ministerio Público militar en las diligencias de este caso, que realizaron actuaciones que hacen que las investigaciones estén viciadas; sobre la precaria y vulnerable situación en la que se encuentra la testigo Julia, madre de una de las víctimas, de 15 años de edad. Por razones de espacio no podemos describirlas aquí, pero les recomiendo ampliamente su lectura, disponible aquí: http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1588%3Atlatlaya-a-un-ano-la--orden-fue-abatir&catid=209%3Afront--rokstories&lang=es . ¡Gracias al Pro, por su excelente trabajo!