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Una ciudad para todos

Casi ningún tema de la organización política del país ha sido tan debatido como la situación política de la capital y expliqué que en este proceso legislativo se juega el fin de un ciclo histórico y el comienzo de otro
12/12/2015
02:11
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Estamos a un paso, no exento de sobresaltos, para que se apruebe la reforma al artículo 122 y correlativos de nuestra Carta Magna a efecto de otorgar plena autonomía a la Ciudad de México. Acudí a la ALDF, en la que fui objeto de atenciones por parte de todos los grupos parlamentarios. Afirmé que casi ningún tema de la organización política del país ha sido tan debatido como la situación política de la capital y expliqué que en este proceso legislativo se juega el fin de un ciclo histórico y el comienzo de otro.

Comencé mi relato con la creación del Distrito Federal en 1824, por la que el centro político, económico y cultural más importante del país quedó sujeto a las potestades nacionales. En 1847 se le declaró entidad federativa y sus ciudadanos pudieron elegir dos senadores, se conservaron los ayuntamientos pero el presidente designaba al gobernador de la ciudad. En 1857, voces de avanzada abogaron por su autonomía y algunos propusieron mover la capital a otra ciudad de la República.

Hasta la reforma de 1928, se ensayaron cerca de veinte formas distintas de organización de la ciudad, pero bajo el mismo principio de subordinación política. Cuando la reelección de Álvaro Obregón, se suprimieron los municipios y reforzó el dominio absoluto del poder central sobre la capital, que se convirtió en uno de los pilares del sistema hegemónico. Este periodo se prolongó hasta 1985, cuando la ciudadanía se movilizó, en suplencia de la autoridad, y se apropió del espacio público; como reacción, se creó en 1986 la Asamblea de Representantes. La campaña de 1988 es inexplicable sin la efervescencia de las organizaciones civiles que condujeron a una indiscutible mayoría de la izquierda y la elección de los primeros dos senadores de oposición.

En 1993 se colocó al Distrito Federal a cargo de los poderes de la Unión y de los órganos locales representativos. En 1994 se estableció por el Congreso de la Unión el Estatuto de Gobierno, aún vigente. Fue hasta 1996 que logramos, en negociación directa con el presidente Zedillo, la elección por sufragio universal del jefe de Gobierno y de los jefes delegacionales, así como la relativa autonomía que goza hoy la ciudad. En 2000 planteamos por primera vez la necesidad de una Constitución del Distrito Federal. Siendo jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador se promovió, en 2001, un proyecto avanzado de reforma aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa, avalado por el 97% de los diputados federales y frenado en el Senado. En 2010, la Asamblea remitió una nueva propuesta que nunca fue debatida.

Miguel Ángel Mancera volvió a la carga en 2013, con una iniciativa que recoge las anteriores y plantea nuevos avances, como la conversión de las delegaciones en demarcaciones territoriales, gobernadas por alcaldías integradas por consejos electivos; un Estatuto de Capitalidad y la Ley de zonas metropolitanas. En virtud de la prioridad concedida a las “reformas estructurales” impulsadas por el Ejecutivo federal, su discusión fue aplazada en diversas ocasiones. Tras dos años de intensas negociaciones, el Senado aprobó el proyecto el 28 de abril, no sin resistencias y enmiendas. Posteriormente la Cámara de Diputados hizo lo propio el pasado día 9 y en razón de cambios menores, ha vuelto al Senado.

La cuestión más discutible es la integración del Congreso Constituyente que prevaleció sobre la propuesta de que la Asamblea Legislativa tuviese ese encargo. La composición ecléctica del mismo no fue propuesta por el gobierno de la ciudad, que insistió sobre todo en la elección por listas plurinominales, la inclusión de candidatos independientes y la participación de las organizaciones civiles. Por mi parte, expuse públicamente que esperábamos del Congreso la erección de un Constituyente “incuestionablemente democrático”. A pesar de que algunos partidos quedarían sobrerrepresentados en detrimento de otros, abogamos por que los poderes hagan un uso sensato de sus prerrogativas y el Constituyente pueda convertirse en representante de una voluntad plural y en un estado superior de la conciencia republicana. La reforma habrá de ser obra de todos, que culmine un ciclo histórico para la ciudad y devuelva el poder a sus habitantes.

Comisionado para la reforma política del Distrito Federal 

Porfirio Muñoz Ledo
Ex embajador de México ante la Unión Europea.