Federalismo judicial electoral

Mónica Aralí Soto Fregoso

La conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 es un buen motivo para reflexionar en torno al Federalismo, elemento esencial de nuestro diseño constitucional.

Bajo ese principio concebimos, primordialmente, la confluencia de dos niveles de gobierno: el federal y el estatal. Esta concepción también permea en el sistema de impartición de justicia en materia electoral, puesto que, la Constitución, en el ámbito federal, dispone la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el ámbito estatal tantos organismos jurisdiccionales electorales, como entidades federativas conforman el Estado mexicano, por tanto, puede válidamente afirmarse que tenemos un federalismo en la impartición de justicia electoral.

En esa lógica, el federalismo puede ser entendido como el sistema en el que coexisten órganos jurisdiccionales —federal y locales— que dirimen controversias electorales. Esta interacción requiere de una división clara de competencias en la que cada nivel atiende, de acuerdo a las reglas preestablecidas, los asuntos que son de su jurisdicción.

 

El ideal es optimizar este esquema, a fin de que no existan interferencias indebidas entre los dos ámbitos de justicia, para ello, quienes imparten justicia en la materia electoral deben actuar conforme a los marcos otorgados por el Constituyente federal y los constituyentes locales.

El respeto a la división de competencias que implica este federalismo, es decir, a la distribución de facultades entre los jueces y juezas de los diferentes niveles de gobierno, garantiza: la independencia de los estados en la impartición de justicia electoral; la doble instancia para las y los justiciables; y que los conflictos sean resueltos por impartidores de justicia cercanos a la comunidad, que conozcan su naturaleza y contexto.

 

En la medida en que se valoren y dimensionen estos principios, se fortalecerá la democracia y a los propios órganos que tienen a su cargo esa responsabilidad.

Tan solo en 2018, en el ámbito federal se elegirá al Presidente de la República, a 128 senadurías y 500 diputaciones; y, en el ámbito local, se elegirán 9 gubernaturas, 983 diputaciones locales, 2015 ayuntamientos, y 16 alcaldías. De ahí que será un año inédito en la materia electoral, pues constituye el más grande reto para las autoridades administrativas que organizan las elecciones y, por supuesto, para los tribunales electorales.

Hoy contamos con una sólida justicia electoral, que tiene entre sus desafíos demostrar que la solidez institucional de los órganos jurisdiccionales dará certeza a los procesos electorales y garantizará el ejercicio pleno de los derechos político electorales.

México requiere como nunca, como siempre, la participación efectiva de las mexicanas y los mexicanos, sólo así lograremos una nación fuerte, consolidada e integrada en su diversidad, la apuesta está en el fortalecimiento de las instituciones a lo largo y ancho del país. El centralismo, no es una opción.

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Guardando favorito...

Comentarios