Apuntes para diseñar una estrategia de educación cívica

La democracia mexicana ha evolucionado gradualmente en las últimas décadas hacia la competitividad y la transparencia, garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos y la universalidad del sufragio para todos los ciudadanos.

Los esfuerzos institucionales realizados en los últimos 25 años tendentes al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral, han posibilitado que la alternancia, el pluralismo y la incertidumbre previa sobre los resultados de las elecciones, aspectos propios de todo sistema democrático, se consoliden como premisas de la vida electoral en México.

Pese a ello, la percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos, el nivel de confianza en las instituciones y respecto de su entorno, subrayan la necesidad de intensificar las tareas de educación cívica y convertirlas en una prioridad del Estado mexicano para el futuro.

Si consideramos los datos del Informe País sobre la calidad de la Ciudadanía en México y el Informe 1995-2015 de Latinobarómetro, no es exagerado sostener que el futuro de la democracia mexicana ya no depende sólo de los procedimientos ni de la credibilidad del sufragio.

El fortalecimiento de nuestra democracia depende de la capacidad de consolidar y robustecer la cultura política, y de que logremos transformar la percepción que las y los ciudadanos tienen sobre el sistema político y sus instituciones.

Se trata de ver a la educación cívica no sólo en el contexto de los procesos electorales, sino de las prácticas cotidianas que tienen que ver con la vida comunitaria y con la participación de los ciudadanos en la vida pública.

Sin duda nuestro país ha avanzado en esta materia.

Entre los logros que pueden destacarse de la estrategia realizada por el INE en los últimos cinco años están los siguientes: se elaboraron tres catálogos de buenas prácticas de políticas públicas en materia de desarrollo social, participación política de las mujeres y seguridad pública; se elaboraron dos estudios censales para conocer detalladamente las características de la participación electoral en los comicios de 2012 y 2015; se elaboró y difundió ampliamente en foros y conferencias los resultados del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, y se apoyaron 63 proyectos a través del Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para promover la participación política de las mujeres, además de 71 foros para la formación ciudadana de jóvenes.

En conjunto, con los proyectos desarrollados por el INE en su estrategia de educación cívica, se reporta haber impactado en la formación de la cultura política de más de 9.8 millones de mexicanas y mexicanos de todo el país.

Pero estos impactos requieren madurar y se necesita avanzar con mayor rapidez y en múltiples frentes.

Las disposiciones constitucionales y legales que transformaron al IFE en INE, y le dieron el carácter de entidad rectora del sistema nacional de elecciones, han abierto una oportunidad para replantear nuestras estrategias de educación cívica y el rol que en ello jugará esta autoridad.

La construcción de una democracia más fuerte requiere de nuevas prácticas de los actores y partidos políticos, de las autoridades electorales y de los ciudadanos.

Debemos reconocer que el mayor desafío para el futuro de la democracia mexicana no sólo está en los procedimientos sino en la construcción de una ciudadanía que ejerza plenamente sus derechos y participe periódicamente en las decisiones públicas que le atañen. Ese es el gran desafío de nuestro sistema democrático.

Estoy convencido de que las instituciones responsables de tutelar los derechos (como es el caso del INE) tenemos una gran responsabilidad en la construcción de ciudadanía.

La educación cívica debe ser el instrumento que nos ayude a modificar las percepciones sobre el sistema político y las condiciones en las que los ciudadanos se insertan en la vida pública.

Se trata, indudablemente, de un desafío generacional, de mediano y largo plazos que debemos impulsar con el apoyo de los partidos políticos, las instituciones educativas e incluso los organismos multilaterales vinculados con el desarrollo de la democracia.

Consejero presidente del INE