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¿Existe el federalismo en México?

José María Martínez

El pasado miércoles 22 organizamos en la Comisión de Reforma del Estado del Senado de la República, un foro que llevó por título la gran interrogante de si existe el federalismo en México. El propósito fue incitar un debate reflexivo con especialistas en la materia, en torno a la tendencia centralista que estamos viviendo. El tema puede ser examinado desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, su regulación actual en el texto constitucional mexicano, donde vemos una paulatina e incesante transformación del régimen federal en una muy concentrada república unitaria, sin que se haya convocado siquiera a alguna asamblea constituyente para debatir el cambio. El artículo 40 de nuestra Constitución establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Sin embargo, en los últimos años, el Poder Legislativo Federal ha venido configurando un nuevo sistema jurídico y político que favorece un modelo central en muchas de las materias de la función pública. Este afán centralista ha venido restando facultades a los estados, mediante la aprobación de leyes y reformas constitucionales, que facultan al Congreso de la Unión para legislar y expedir leyes generales en materias que históricamente pertenecían a las entidades federativas. 

De estas nuevas leyes nacionales, destacan las relativas a transparencia y acceso a la información, el Sistema Nacional Anticorrupción; la que establece las bases generales para que estados y municipios puedan contraer deuda pública; la legislación única en materia procedimental penal; la de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas; la de justicia para adolescentes; en materia de contabilidad gubernamental, así como en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; y la ley general que homologa el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas. Sin dejar de mencionar las que homologan el funcionamiento de los catastros municipales, la Ley General del Sistema Nacional de Archivos y Las Leyes Generales en materia de partidos políticos, organismos electorales, procesos y delitos electorales. Estas reformas no solo expropian a los estados la posibilidad de legislar en dichas materias, sino también les reducen soberanía.
Estamos ante un Poder Legislativo que impone criterios a las entidades federativas mediante la aprobación de casi cien leyes generales y federales; un Poder Ejecutivo cuyas políticas en materia de seguridad, educación o salud, van en el mismo sentido, y un Poder Judicial que favorece los criterios federales, en esferas reservadas a los estados.

El marco del centenario de nuestra Constitución es propicio para reflexionar si la práctica federal coincide con la visión del constituyente, pues si observamos las más de 700 reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación desde que entró en vigor la norma de mayor jerarquía en nuestro país, veremos que los artículos más reformados son el 73, 74, 76 y el 89. Lo anterior refleja un incremento en las facultades enumeradas a la federación, en detrimento de la soberanía de los estados que integran la unión. Es importante señalar que el Pacto Federal exige una doble responsabilidad, tanto de las entidades para la Federación, como de la Federación hacia las entidades, y no una tendencia centralizadora que reduce a las entidades federativas, aquellas que nuestra Carta Magna les otorga libertad y soberanía, en poco más que unidades administrativas.
Analicemos los motivos por los cuales el mundo vive el surgimiento de movimientos que buscan mayor autonomía, e incluso, su salida de la unión. Quebec de los años noventa, la Cataluña actual, Escocia, incluso el Brexit, una muestra de la vigencia de ese sentimiento soberano. Como senador de la República siento la obligación de advertir esta tendencia, puesto que considero que la centralización de decisiones trastoca parte de nuestra identidad local; de esa forma diversa de ser en cada uno de nuestros estados. Debemos entender que representamos estados y regiones geopolítica y geoculturalmente distintas. No hay pues mejor forma de conmemorar nuestra Carta Marga que reflexionando sobre la vigencia de su diseño, desde la base que estableció el constituyente al establecer una república representativa, democrática y laica, bajo un sistema federal.   

Senador de la República 

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