Las pasadas elecciones nos dejan una serie de experiencias negativas, tanto a nivel nacional como en el DF, que hay que analizar a fondo con objeto de mejorar los próximos procesos y avanzar en nuestra democracia.

Las recientes reformas electorales relacionadas con la contratación de espacios para la propaganda política generaron un bombardeo despiadado de spots que provocaron un efecto contrario a lo que se buscaba: los candidatos no comunicaron sus plataformas y los electores se alejaron del proceso electoral. Este fenómeno limitó fuertemente la libertad de expresión tanto de los medios de comunicación como de los mismos candidatos, y sumado al descrédito de los partidos por diferentes razones, generó un alto abstencionismo y anulación de miles de votos.

A nivel nacional hubo muchos actos de violencia promovidos principalmente por el magisterio disidente. El INE manifestó que los focos rojos en las pasadas elecciones no fueron relacionados con el crimen organizado, sino que los mayores riesgos estaban en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, por el boicot electoral de la CNTE.

Golpeadores de la Coordinadora desalojaron a decenas de militares que resguardaban las sedes del INE en cuatro juntas distritales de Oaxaca. Se supone que por mandato constitucional, el resguardo de las boletas electorales se considera asunto de seguridad nacional. También hubo ataques a las sedes del INE en Puebla, Xalapa, Tlapa de Comonfort y Guerrero, con quema de edificios, boletas y material electoral.

Además de los graves delitos penales que esto significó, lo más indignante para todo el país fue la afrenta directa al Ejército mexicano. Por ejemplo, en Oaxaca fueron bloqueadas plantas de abastecimiento de combustible, el aeropuerto, gasolineras, casetas de peaje en carreteras y por si fuera poco, colocaron retenes que impedían el paso de funcionarios electorales.

Los excesos de la CNTE llegaron a extremos inadmisibles; sin embargo, el gobierno federal no actuó y se dedicó a “dialogar y negociar” con los líderes de la Sección 22 en la Segob, concediendo todo tipo de peticiones absurdas y entregando fuertes sumas de dinero a estas secciones disidentes. El extremo llegó con el anuncio de la SEP de “suspender” la evaluación educativa, sin tener facultades para ello y sin una mínima explicación. De todos estos crímenes y acciones violentas, no hay un solo consignado.

Otra tragedia que marcó las elecciones fueron las 21 ejecuciones de candidatos, funcionarios y colaboradores que fueron asesinados durante el proceso electoral. Esta situación no tiene precedente en el país. Hubo asesinatos aquí en el DF, en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Las víctimas fueron de varios partidos: seis del PAN, cinco del PRI, cuatro del PRD, cuatro de Nueva Alianza, uno de Morena y uno del PT.

Un fenómeno muy negativo del pasado proceso electoral fue la opacidad. La mayoría de los candidatos se negaron a publicar su situación patrimonial. Varias iniciativas de organizaciones civiles, como “Candidato Transparente” y “Tres de tres”, no fueron atendidas por los 22 mil candidatos; sólo un número muy reducido accedió a hacerlo.

En el DF la situación cambió radicalmente con la incorporación del nuevo partido Morena, que alcanzó 24.20% de la votación con la victoria en varias delegaciones y distritos locales. La pérdida de la hegemonía del PRD y la mayoría en la nueva Asamblea Legislativa puede ser muy positivo para el DF; debe convertirse en la oportunidad de diálogo constructivo y democrático en favor del futuro de la ciudad.

El gobierno federal, del DF, el INE y los partidos políticos tienen que hacer una reflexión a fondo de estos fenómenos que, fomentando actos delictivos y desincentivando la participación ciudadana, pueden representar en el corto plazo el fracaso de la democracia mexicana.

ciudadposibledf.org / twitter: @JL_Luege

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