Iniciativas ciudadanas

José Antonio Crespo

Hasta ahora esa posibilidad se había quedado en el limbo por falta de visión o ganas de la sociedad civil para utilizarlo

Por fin la ciudadanía organizada se decidió a utilizar un instrumento esencial de la participación en la toma de decisiones, como lo es la iniciativa ciudadana, que fue aprobada durante la reforma política de 2010-2012. Hasta ahora esa posibilidad se había quedado en el limbo por falta de visión o ganas de la sociedad civil para utilizarlo.

Es cierto que otro de estos mecanismos de la democracia directa —la consulta popular— había sido intentado por los partidos políticos pero para sus propios fines con temas que pudieran ser electoralmente atractivos; el PRD lo intentó con la reforma energética (para echarla atrás), el PAN con el salario mínimo y el PRI con la reducción de diputados plurinominales (de 200 a 100). Los partidos movilizaron a sus votantes duros para conseguir las firmas exigidas por la normatividad. Lo lograron, pero la redacción de esa ley dio pie a que la Suprema Corte negara los tres intentos, porque una consulta no puede ser realizada si involucra fondos públicos… y prácticamente todos los temas lo hacen. Dicho mecanismo quedó por tanto inutilizado en la práctica, hasta que no se modifique la redacción de la norma constitucional respectiva.

Otra figura de participación directa es la iniciativa ciudadana, que permite que un número determinado de ciudadanos puedan presentar al Congreso precisamente una iniciativa de ley, cuando antes sólo los legisladores podían hacerlo. Organismos de la sociedad civil como el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Fundación Espinosa Yglesias encabezan este esfuerzo, y llevarán a cabo la recolección de las firmas exigidas legalmente para que la iniciativa sea aceptada por el Congreso. Se trata de hacer obligatorio el llamado 3de3, es decir que los legisladores y altos funcionarios deban transparentar su patrimonio, su declaración fiscal y sus posibles conflictos de interés. Recordemos que en la elección del año pasado se lanzó la propuesta de que los candidatos declararan este 3de3, y en caso de no hacerlo, los electores no votaran por ellos. Pero muy pocos ciudadanos así lo hicieron —si acaso alguno—, pues los electores como quiera votaron por candidatos que no publicaron el 3de3.

Es decir, también hay una gran brecha entre las organizaciones de la sociedad civil y el grueso de la ciudadanía, en parte por el partidismo de buena parte de ésta, o por apatía o desinterés respecto de la política. Ahora no será necesaria la participación masiva de los ciudadanos para empujar la iniciativa, sino que bastará con la firma de un número reducido (120 mil), de quienes están más pendientes de la política y buscan incidir en ella.

Desde luego, en caso de aprobarse dicha iniciativa, los políticos podrían darle la vuelta en cierta medida al omitir parte de la información requerida, la más comprometedora, bajo el riesgo, eso sí, de que de ser descubierta la falsedad hubiera alguna consecuencia política. Pero más vale eso que nada (considerando que los electores en su mayoría votan complacientemente por sus partidos favoritos, hagan lo que hagan).

Pero hay otro posible obstáculo; la iniciativa ciudadana no tiene calidad de preferente, esto es, que obligue al Congreso a definirla en cierto tiempo determinado, sino que bien podría ir a la congeladora, como ocurre incluso con muchas iniciativas propuestas por los propios legisladores o el Ejecutivo. Por ejemplo, la ley reglamentaria de esta figura no ha sido elaborada, pese a que constitucionalmente se aprobó hace tres años. Los partidos son maestros en desvirtuar o retardar aquello que pueda perjudicar sus intereses comunes.

Con todo, la reforma constitucional puso fecha para la Ley de Responsabilidad Administrativa (mayo 27, 2016). Habrá que ver qué suerte corre dicho esfuerzo ciudadano, y exhortar a los organismos de la sociedad civil a continuar por ese camino con muchísimos temas que están pendientes y que podrían mejorar la escasa rendición de cuentas de nuestra clase política. Si desvirtúan los partidos estas leyes, podrían pagar un costo político, aunque dada la complacencia ciudadana, éste podría ser menor.

Profesor del CIDE
Facebook: José Antonio Crespo Mendoza

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