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El fiscal y el tucán; la antifábula

Si es tan grave para la imparcialidad ser asesor de algún partido, que la ley exija no haberlo sido en ciertos años previos
14/12/2015
02:15
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De la confrontación entre el fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto, y  Arturo Escobar, pueden hacerse varias reflexiones: 1) No me parece tan grave que el fiscal haya sido asesor del PRD como para comprometer su imparcialidad. Sí he insistido, en cambio que para el caso de las instituciones autónomas (INE, Inai, FEPADE, entre otras), se exija en la ley la no militancia partidista en al menos tres años previos al ascenso al cargo. Ahora pueden ser (y han sido) consejeros electorales militantes en activo (por ejemplo, conociendo el desempeño de Virgilio Andrade en el asunto de la casa blanca, ¿podemos suponer que sus decisiones como consejero priísta del IFE fueron imparciales?). La Constitución prohíbe la militancia implícitamente; la ley, no. ¿Por qué no supuso el Senado el riesgo al a imparcialidad en el caso de la procuradora, siendo militante activa del partido gobernante? Cuántos consejeros han sido, no digamos militantes, sino incluso asesores de partido, y eso no se cuestionó en su caso. Hay una doble vara. Además, ¿por qué hasta ahora nos enteramos de tan fuerte omisión de Nieto si se considera tan determinante en el desempeño del cargo? Suena no a compromiso con la transparencia (a nadie le había importado esa omisión hasta hora), es vil venganza política. Hay de aquel que ose cumplir con su responsabilidad. En todo caso, si es tan grave para la imparcialidad ser asesor de algún partido, que la ley exija no haberlo sido en ciertos años previos a la ocupación de la titularidad de la FEPADE (y de otras instituciones autónomas). Y listo.  

2) Más grave podría ser el que se haya filtrado la orden de aprehensión, que podría dañar el debido proceso y afectar los derechos del imputado. Algunos incluso señalan que en ello hubo clara transgresión legal penalizable.  Pero no está claro de dónde surgió la filtración; hay quien asegura que salió de la oficina de la juez encargada, justo para desvirtuar el proceso. Pero el fiscal no ha salido a aclarar varios puntos en los que, ahora a él, es el acusado. 3) ¿La exoneración fue justa, o manoseada? Sabidos los antecedentes de dirigente verde, bien se puede suponer que imperó nuevamente la podredumbre judicial en favor de la endémica impunidad mexicana. Sería interesante un sondeo entre los enterados: Escobar, ¿fue acusado falsamente, o es que la justicia mexicana está putrefacta? Podemos adivinar el resultado. En todo caso, la infracción reiterada de la ley electoral —lo que sancionó el INE y ratificó el Tribunal Electoral— viene acompañada en muchos casos de la comisión de delitos electorales. Si no Escobar, alguien de alto nivel político inevitablemente cometió esos delitos, que seguro quedarán nuevamente impunes. 4) En estricto sentido, al ser absuelto, Escobar tendría que regresar a su cargo en Gobernación, que dejó exclusivamente por la indagación en su contra. Si la Secretaría no lo reinstala por la razón que sea, mandará el mensaje implícito de que estaría considerando que la “verdad histórica”, aunque no jurídica, es que Escobar es culpable, haiga sido como haiga sido la decisión de la juez. No habría acatado la decisión del Poder Judicial, al que está obligado. 5) Es probable que este episodio no termine en un sano precedente a favor del Estado de derecho —y en la inhibición de futuros delitos electorales— como muchos esperaban. En cambio se habrá sufrido un retroceso. Tras el timorato fallo del INE sobre el registro del PVEM por violación grave y sistemática de la ley, y con la exoneración de Escobar (y el revanchismo al fiscal Nieto por reivindicar a la prescindible FEPADE), los partidos habrán sido invitados atentamente a profundizar en la comisión de faltas y delitos varios, que al fin no habrá consecuencias severas, y les será rentable política y económicamente. ¿De qué sirve haber elevado las penas de los delitos electorales en la última reforma, si se asume políticamente que éstas no se aplicarán cabalmente? ¿De qué sirve dar autonomía técnica a la FEPADE, si ahora se le bombardea en la línea de flotación por hacerla valer? Sería mejor desaparecerla y ahorrarnos algunos millones tirados a la basura.

Profesor del CIDE.

Facebook: José Antonio Crespo Mendoza

José Antonio Crespo
Licenciatura en relaciones internacionales por El Colegio de México, Maestría en Sociología política y Doctorado en historia por la Universidad Iberoamericana. Investigador invitado en la Universidad...

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