El combate a la corrupción es con cambio en los incentivos

La corrupción ha sido un problema grave y causa del atraso en el avance de nuestro país. Ha enriquecido tanto a un grupo reducido de empresarios como a un número muy pequeño de funcionarios públicos que han desprestigiado a la gran mayoría de quienes se han entregado con devoción al servicio público. El hacer uso de recursos y facultades del sector público para beneficio privado es un cáncer que mata al Estado. No sólo ocasiona daños económicos, afecta severamente la dignidad de las personas. Si bien hay aspectos culturales en la tolerancia a la corrupción, son los incentivos que el marco jurídico vigente permite y la aplicación de la ley o falta de ella lo que indiscutiblemente facilita los ambientes que promueven conductas indeseables.

La corrupción se da en todas aquellas instancias del sector público de los tres órdenes de gobierno y de los poderes autónomos donde se deciden: adquisiciones, obra pública, licencias, concesiones, permisos, distribución del presupuesto de egresos, imposición de gravámenes y cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, por citar los más importantes. También son fuente de corrupción todas aquellas instancias en las que la libertad de las personas está en juego, esto es, donde se imponen penas corporales privando de la libertad, así como en aquéllas que tienen el monopolio de la fuerza del Estado.

Todas estas áreas son vulnerables a ser infectadas por la corrupción, pues hay incentivos para que el privado la busque a cambio de “compensar” a un servidor público, o porque el servidor público al saberse que es la única instancia, abusa al ejercer el poder público para extraer dinero o favores. Por lo tanto, es el mismo marco jurídico el que da lugar a la corrupción al permitir a dependencias públicas crear y otorgar exclusividades, y con ello promover conductas monopólicas a través de licitaciones y contratos hechos a la medida. Estos monopolios que otorga la autoridad a privados, inhiben y restringen la competencia. Con ello se facilita la expoliación del contribuyente/usuario/cliente/paciente, pues crea “rentas” privadas con los cuales tiene dinero para repartir a autoridades y enriquecer a los privados que recibieron el privilegio a costa de la gran mayoría de la población.

El combate a la corrupción durante los últimos 34 años se ha emprendido mediante cambios al marco jurídico, que crean nuevas instancias administrativas y desarrollan instrumentos. El presidente Miguel de la Madrid, en el espíritu y el lema de su campaña de la “Renovación moral de la sociedad” fue quien inició desde la administración pública federal el combate a la falta de probidad de servidores públicos. Para ello creó en 1982 la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), la cual luego cambió de nombre a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hasta llegar al nombre actual de Secretaría de la Función Pública. Se introdujo la obligación a los mandos medios y superiores del servicio público federal a presentar declaración patrimonial. En 1982 se publicó por primera vez la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en 1999 la Contaduría Mayor de Hacienda evolucionó a la Auditoría Superior de la Federación; en 2002 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, y siguieron más.

El punto es el siguiente: pese a más leyes y la creación de instancias administrativas u órganos, la corrupción sigue campante. Las bonanzas petroleras han sido caldos de cultivo maravillosos para más corrupción, donde ésta ha mostrado que no discrimina entre partido político o género. EL UNIVERSAL ha venido plasmando en sus páginas cientos de ejemplos que ocurren a nivel federal, CDMX, estados, municipios y delegaciones.

Es un gran avance la promulgación de la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción introducido en la Constitución. Pero hay que ser francos: es indispensable que en México se premie y honre la honestidad tanto en el sector público como en el privado; más aún, es básico erradicar de todo el marco jurídico, o cuando menos controlar inteligentemente, todas las instancias que permiten monopolios. En breve, para abatir la corrupción necesitamos introducir los incentivos adecuados para que todos procuremos la honestidad.

Economista. @jchavezpresa