Ya salió el peine

Jorge Camacho Peñaloza

El conflicto de la reforma educativa más que de fondo es de forma, un conflicto que ha trascendido ya más allá de la política, a los terrenos de la violencia de un lado y del otro.

Se trata de un problema principalmente focalizado en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque tenga algunas expresiones otros Estados de la República como Tlaxcala, Nuevo León y Quintana Roo, pero es en la denominada franja de la pobreza en donde más cruda y violentamente se desarrolla. No toda la República está en contra de la reforma ni todos los estados, ni toda la gente.

Más que educativo es un conflicto político y hasta ideológico, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esgrimen argumentos relacionados con sus concepciones del sistema político y el Estado, al grado que las negociaciones se convierten en un debate más que educativo o pedagógico, ideológico, que no va a llevar a ninguna parte.

Mientras tanto, los índices de reprobación seguramente que van a la alza, de acuerdo con la Unesco en su informe Situación Educativa de América Latina y el Caribe de 2012, así como el sostenido nivel de deserción en la educación secundaria. Dicho documento detalla que de los 18 países que cuentan con datos comparables, el promedio de la tasa de deserción en ese ciclo de enseñanza tuvo una ligera disminución de un 17,8% en 2000 a un 15,5% en 2010.

Lo anterior resume la Unesco, equivale a que cada año alrededor de 1 de cada 6 alumnos desertó de la educación secundaria en América Latina y el Caribe y destaca de manera especial el documento que los casos de México y Uruguay, cuyos indicadores no mejoraron a pesar de iniciar el período con tasas de deserción claramente sobre el promedio de los demás países, lo cual contrastó con Bolivia, cuya deserción en secundaria disminuyó drásticamente desde 41% a 12% durante la década pasada.

Y así las cosas, difícilmente las cifras podrán mejorar para este 2016, en el que el rezago social, cultural, educativo y económico que caracteriza a la región Sur del país, una vez más se recrudece con la cerrazón, limitación y falta de negociación política de unos cuantos.

Evaluar, capacitar y competir por un espacio en el aula o actividad escolar es lo más democrático que puede haber para aspirar a una educación de mayor calidad en el país, el problema es que eso afecta cotos de poder a los maestros que se dicen democráticos, quienes al oponerse sacan a flote que están en contra de la democracia y que no luchan por una mejor educado sino por sus privilegios y cotos de poder, convirtiendo esta guerra en una guerra ideológica.

Pero por otro lado, el gobierno federal está tratando de implementar las reformas como si se tratara de una obra de drenaje, sin considerar que es un tema por demás de alta sensibilidad social y sobretodo trascendencia, actuando frente a los maestros que se resisten como adversarios políticos; es decir sin comunicar de que se trata, que implica, los beneficios para los maestros y sobre todo para los educandos, y cómo está reforma vendría a modificarla índices educativos.

El tema equivocadamente se ha puesto en una arena de conflicto político, por lo que pareciera que tiene de trasfondo objetivos iguales políticos, con miras a 2018; urge que los actores políticos, de un lado y de otro, dejen de tratar el asunto de esa manera porque se están llevando entre las patas al sistema educativo nacional.

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