Hacia un acuerdo nacional para la gobernabilidad democrática

Ante los graves problemas que se han acentuado en las últimas semanas, y de cara a la discusión del Paquete Económico 2017, los empresarios plantearon en los últimos días la necesidad de un “Pacto por la Seguridad y la Impartición de Justicia en México”, aunque ponen el acento en el tema de la seguridad, pues sostienen que la delincuencia organizada, los delitos comunes y el descontento social están llevando a la ingobernabilidad en algunas zonas del país.

Sin duda el reciente asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en el Estado de México es un abierto reto al Estado nacional por parte de la delincuencia organizada que pareciera estar ganando la batalla y tomando, de nuevo, el control de franjas significativas de nuestro territorio.

Reconociendo esta grave situación: ¿en verdad el asunto fundamental y principal de México es el de la inseguridad?

Es evidente que vivimos momentos de tensión, pero el problema es bastante más que inseguridad: abarca los ámbitos económico, político y social.

En estos días en que las cámaras discuten el Paquete Económico existe incertidumbre sobre lo que sucederá con los ingresos que podría captar el gobierno en 2017, así como sobre los efectos generales que provocará el enorme recorte que se ha planteado en el paquete de egresos.

El gran reto a enfrentar es cómo vamos a superar este mediocre crecimiento que hemos tenido en más de 30 años y que ha tenido como consecuencia el restringir la oferta de oportunidades y empleos para los jóvenes, la ausencia de salarios dignos y el ahondamiento de la desigualdad social al concentrar, insultantemente, el ingreso nacional en unas cuantas familias.

Si a ello aunamos la crisis de credibilidad social hacia las instituciones —principalmente la institución presidencial como responsable fundamental de las grandes decisiones del país— acentuada esta inestabilidad por los escandalosos actos de corrupción en los más altos niveles oficiales y su incapacidad para combatirlos realmente, así como por el incremento de la violencia protagonizada por el crimen organizado en las últimas semanas, estamos al borde de una crisis de gobernabilidad como expresión de una crisis de fin de régimen político.

Todo esto por el empecinamiento y la necedad con la que se sigue suponiendo que “el país está funcionando”, que “va bien”, cuando no es así.

Por ello, efectivamente el país requiere de un gran Acuerdo Nacional que signifique el cambio de rumbo en todos sentidos: La economía, el empleo, la desigualdad, la inseguridad y el combate a la corrupción. Una alianza entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales del país.

Es el momento —impostergable— de recuperar y fortalecer a las instituciones del Estado mexicano para que sirvan a la sociedad.

Si el gobierno de Peña Nieto no alcanza a comprender la gravedad y la profundidad del proceso de descomposición en el que estamos inmersos, de cualquier manera debemos comenzar a dar los pasos para lograr este gran Acuerdo de frente a las elecciones presidenciales del 2018.

Que sea esta convergencia de voluntades el punto de partida para lograr un quiebre en la vida nacional y revertir los graves problemas de inseguridad que estamos padeciendo.

Sólo así podremos cortar de tajo la corrupción, los privilegios indebidos para funcionarios públicos y empresarios cómplices, generar las condiciones para remontar el crecimiento económico y propiciar los empleos que se exigen.

En lo inmediato, se deben atender temas pendientes como el Mando Mixto policíaco, así como culminar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros.

No podemos ni debemos permitir que este proceso de descomposición continúe. No debemos llegar a ser un Estado fallido.