Reforma penal desarticulada

Hace apenas un par de meses leí de la pluma de José Ramón Cossío, el ministro de la Corte, una nota tan lapidaria como desoladora.

Señalaba que la tan cacareada reforma constitucional de 2008 (esa de los llamados “juicios orales”) unió dos extremos muy distantes: “la visión de quienes imaginaron un derecho procesal garantista y un derecho penal para enemigos sociales”.

Al respecto, “los legisladores y las administraciones no tomaron en serio el plazo constitucional para las transformaciones”, creyeron ver venir una contrarreforma y no hicieron leyes, ni capacitaron, ni crearon recintos, ni hicieron las transformaciones necesarias.

Este panorama, a decir de Cossío, provocó que “apresuradamente y con pausas, comenzaron a emitirse normas, a capacitarse personas, a hablarse nuevamente del tema” y, la consecuencia, según él mismo, es que habrán de producirse cuantiosos daños sociales e individuales por las omisiones y errores acumulados. Lapidaria postura que no tiene nada de falso, pero, ¿no podrá hacerse ya nada al respecto?

Soy uno de los creyentes en este nuevo sistema penal acusatorio, lo mismo que en la necesidad del control de convencionalidad, el combate a la corrupción, el rescate de los derechos de las víctimas, la defensa de los derechos humanos y un largo, muy largo etcétera de figuras jurídicas incorporadas, para bien, en la Constitución.

Pero, ¿cómo lidiar con esa avalancha de reformas sin capacitación de los operadores?

Estoy convencido de que el corazón del éxito o fracaso de estas reformas se resguarda en dos grandes pilares: la voluntad política y la eficiencia de los operadores, y esta última, no puede entenderse sin capacitación, no bastan las buenas voluntades, ni de las instituciones, ni de sus operadores.

Los esfuerzos de capacitación han sido abismalmente distintos, tanto los que destinó la federación con respecto a las entidades federativas, como la que se dio entre diversas instituciones de un mismo estado o en la federación. No fue la misma la que recibieron los juzgadores que la que dirigieron a las Policías o a los peritos, a los fiscales que a los defensores, y ni qué decir de la casi nula atención dirigida a los asesores victimales.

Los esfuerzos hasta ahora no solo han sido poco homogéneos, sino desarticulados; Gobernación, a través de su órgano competente (Setec) ha hecho una labor titánica para eficientar los pocos recursos con los que el Estado Mexicano ha contado para la tarea, pero no ha existido liderazgo por parte de los operadores para tratar de crear un Sistema Nacional de Capacitación del Sistema de Justicia Penal, no solo para el sistema acusatorio.

El sistema debería vincular las actividades de las Escuelas Judiciales, Academias Policiales y demás instituciones de todo el país que tienen por objeto la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal (SJP), como la PGR, la CEAV, incluso la Profepa y la Procuraduría Fiscal, que además tienda puentes entre la labor académica y la de investigación con los sectores de la sociedad que han detectado necesidades concretas en el marco del sistema de justicia penal, tanto el tradicional, como el acusatorio.

El enfoque —a estas alturas de la modernidad sobraría decirlo—, deberá ser transdisciplinar, en el que se involucren diversas profesiones para dar respuesta a problemas concretos de capacitación, diseño de planes de estudio e investigación para todos los operadores del SJP.

La pregunta de fondo es: ¿quién asumirá ese liderazgo tan ausente y tan esperado?

Profesor del Inacipe y ex consejero de la Judicatura de la CDMX