¿Quién decide la política social?

Muchos ciudadanos de América Latina y el Caribe están frustrados con la calidad en sus servicios públicos y decepcionados de sus políticos. Perciben despilfarros e ineficiencias que hacen cuestionar la calidad en las políticas públicas sociales.

Lo que necesitamos es una nueva manera de abordar el problema. No es lo mismo la política social, que lo social en la política. Al examinar las deficiencias en el diseño de políticas públicas, convendría también tomar en cuenta los intereses de los actores involucrados en el diseño y ejecución de esas políticas, es decir, considerar lo social en la política.

¿Qué buscan las políticas públicas sociales? Ante todo el bien común. Tener ciudadanos capaces de participar en forma creativa y productiva en sus sociedades. Esta aspiración social, es un fin en sí mismo que no requiere justificación económica ulterior. No obstante, es al mismo tiempo una condición necesaria para que cualquier país pueda crear oportunidades económicas para sus ciudadanos y para que sus instituciones funcionen adecuadamente.

Durante las dos últimas décadas América Latina disfrutó de vientos políticos y económicos propicios –altos precios de materias primas, una economía global energizada y factores demográficos favorables- que permitieron grandes avances sociales. El PIB creció a una tasa promedio anual del 3.4% y su  nivel de gasto social se incrementó en más de un 100% per cápita y en más de un 50% en términos del PIB. Esto trajo indudables avances en materia de capital humano.

Pero el escenario ha cambiado. Hoy no contamos con tasas de crecimiento que favorezcan un aumento en inversión social. De acuerdo con el Informe Macroeconómico 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se prevé que la tasa de crecimiento promedio de los 26 países miembros del BID en América Latina y el Caribe sea de 2% aproximadamente.

En este contexto, el desarrollo social en la región debe estar a la altura de los nuevos desafíos. Es cierto que hemos logrado que la matriculación escolar infantil sea prácticamente universal en la región a partir de los 6 años de edad. El reto ahora es la calidad. Lo mismo sucede en salud: vivimos más años y menos niños mueren antes de los dos años pero la eficiencia y calidad de gasto son fundamentales de cara al futuro.

No podemos negar que de 1990 al 2010 hubo una valiosa disminución de la pobreza; la clase media aumentó en 87 millones, mientras que el número de pobres disminuyó en 67 millones –el equivalente a la población de Francia.-

No obstante, nuestros estudios muestran que del total de empleos de la región, la mitad se queda en la informalidad, afectando a casi 140 millones de personas. Si bien la participación laboral femenina en América Latina y el Caribe se incrementó de un 38% en 1996 a un 42% al 2014, al día de hoy,  las mujeres ganan en promedio 17% menos que sus contrapartes masculinas y esto sin mencionar una enorme serie de retos por resolver en materia de género y diversidad, inclusión y prevención de violencia.

En este difícil contexto,  es lógico preguntarnos si las políticas sociales implementadas han sido las adecuadas y por qué no hemos logrado más, pero si lo hiciéramos así, desde el diseño, corremos el riesgo de olvidar la importancia del entorno político e institucional en la implementación de políticas públicas sociales.   En épocas de “vacas flacas,”  es necesario recordar que las políticas públicas no se diseñan y ejecutan en el vacío, sino que son parte fundamental de un juego político con reglas propias. Esas “reglas del juego,” son muchas veces, los principales desafíos para que las políticas públicas sociales sean estables, adaptables, coordinadas, coherentes, implementables conforme a la normatividad aplicable, eficaces y acordes al interés público.

Entonces, la pregunta que siempre pertinente es ¿quiénes deciden la política social?  Es tiempo de poner especial atención a los intereses, incentivos y restricciones que inciden en los actores al momento de diseñar y ejecutar las políticas públicas, analizando también  las redes sociales existentes entre ellos.

En otras palabras, hoy más que nunca es crucial reconocer que las políticas sociales son parte de los cimientos para construir el "bien común", independientemente de quienes estén en la política.