Estrategia climática para América del Norte

Gustavo Alanís Ortega y Marcela López Vallejo

Las principales economías de América del Norte están finalmente tratando frente a frente temas tan fundamentales como el del cambio climático. La administración del presidente Obama ha elaborado el Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan) y está tomando acciones para regular las emisiones de metano; el primer ministro Trudeau y los premiers provinciales están desarrollando un plan Pan-Canadiense para lograr o exceder sus objetivos nacionales para la reducción de emisiones para 2030 y México, bajo la administración del presidente Peña Nieto ha implementado un impuesto al carbono y ha aprobado la Ley de Transición Energética para impulsar el desarrollo de energía limpia. 
Este momento de alineación política representa una oportunidad única para los tres países para crear una estrategia climática trilateral coordinada. La Cumbre de Líderes de Norte América (North American Leaders’ Summit) —que tendrá lugar el próximo 29 de junio en Ottawa— provee en el corto plazo un foro para explorar y lanzar iniciativas que puedan impulsar el cambio a la energía limpia a través del continente.
Los registros de temperatura continúan rompiéndose —y los efectos del cambio climático continúan dañando la salud, la agricultura, la seguridad, la economía, los modos de vida y los ecosistemas a través del continente y del mundo— por lo que es imperativo que hoy, y no mañana, los líderes trabajen colaborativamente para hacer frente a esta amenaza común. 
Muchas áreas de acción climática están listas para la cooperación trilateral. Los tres gobiernos deben, por ejemplo, comprometerse con un objetivo norteamericano para reducir las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que es muchas veces más potente que el dióxido de carbono. Dado que hay un potencial significativo para la reducción rentable de contaminación por metano en los sectores del gas y del petróleo en México, nuestro país podría unirse a la promesa de Estados Unidos y Canadá de reducir las emisiones de los sectores del gas y el petróleo entre un 40 y un 45% por debajo de los niveles de 2012 para el 2025.
Los gobiernos también deben comprometerse a tomar en cuenta el cambio climático al momento de evaluar potenciales proyectos de infraestructura nacional y transfronteriza, dado que los proyectos de infraestructura tales como gasoductos, plantas de energía y terminales de exportación de combustibles fósiles pueden tener décadas de vida útil y por lo tanto implicaciones climáticas a largo plazo. Un modo de hacer esto es considerar el precio proxy al carbono cuando se evalúa la viabilidad financiera de las inversiones potenciales en infraestructura, una práctica que es usada por la compañías para posicionarse con éxito en un mundo en el que éstas encuentran límites al carbono cada vez más estrictos. 
Además, se debe de trabajar para apoyar los instrumentos de fijación de precios al carbono a nivel nacional y subnacional, compartir experiencias técnicas y esforzarse por alinear los instrumentos políticos y legales donde sea posible. Dado que los impuestos al carbono y los sistemas de intercambio de emisiones son herramientas efectivas para reducir la contaminación por carbono, su uso está comenzando a crecer a través del continente y del mundo. Ontario y Manitoba, en Canadá, por ejemplo, intentan implementar un sistema de intercambio vinculado a los de Quebec y California, que a su vez se vincularon en 2014. Oregon, en Estados Unidos, actualmente está diseñando un sistema de intercambio que también puede vincularse, y el estado mexicano de Chiapas intenta participar a través un sistema de compensaciones de su selva.
Hay muchas otras posibilidades para coordinar la acción nacional, desde reformar/eliminar el subsidio a los combustibles fósiles, hasta iniciativas de transporte limpio y eficiente, así como la implementación de acciones y medidas para reducir la contaminación por carbono negro. 
Ante el momento climático que se vive en el contexto internacional, los tres países deben aprovechar la oportunidad de crear una coalición progresista en el escenario internacional, impulsando así el movimiento global para frenar el cambio climático. Por ejemplo, pueden trabajar en conjunto para asegurar el éxito del naciente Acuerdo de París, de diciembre pasado. Para tal fin, deben diseñar las estrategias de desarrollo bajo en carbono para mediados del siglo desde este año y tomar la iniciativa para crear un mecanismo de transparencia robusto que facilite la rendición de cuentas por la contaminación de carbono. 
Los países también deben jugar un rol constructivo coordinado en otros foros: Deben, por ejemplo, poner cada esfuerzo en asegurar una enmienda para el Protocolo de Montreal este año para disminuir gradualmente los hidrofluorocarbonos o HFCs. Por medio del establecimiento de una agenda climática ambiciosa para América del Norte, el presidente Obama, el presidente Peña Nieto y el primer Ministro Trudeau pueden reforzar su legado ambiental y garantizar la seguridad de nuestro continente —y nuestro planeta— para las generaciones actuales y futuras. Hay que estar al pendiente de que estén a las alturas de las circunstancias.
Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), conjuntamente con organizaciones de Estados Unidos y Canadá, entre las que se incluyen  al Center for American Progress, World Resources Institute (WRI), the Pembina Institute y, Canadá 2020, hemos elaborado un reporte https://www.americanprogress.org/issues/green/report/2016/06/22/139747/p..., así como una serie de recomendaciones encaminadas a la acción climática trilateral a ser consideradas la semana que viene en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

 Gustavo Alanís Ortega es director General del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (CEMDA).

Marcela López Vallejo es miembro del  Departamento de Estudios Internacionales, (CIDE)

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