¿Qué pasaría al día siguiente de la elección presidencial de 2018 si al cabo de una votación cerrada nos enterásemos de que sólo en seis de los 32 estados pidieron identificación de elector vigente con fotografía? ¿Cuál sería la reacción de los actores políticos en los medios al enterarse de que en unos comicios con un resultado muy apretado muchas personas pudieron sufragar múltiples veces en varias casillas, sin presentar credencial de elector, y fue imposible dar seguimiento al problema?

Aunque no lo creamos, esa es la manera en que funcionan las elecciones en Estados Unidos. Por increíble que parezca solo 10 de los 51 estados piden acreditación con fotografía de manera obligatoria como en México. Los nombres de algunos estados en la lista nos sorprenden. Parece difícil creer que en Nueva York o California no es necesario acreditar identidad para elegir a los gobernantes.

Vale la pena entonces hacer una reflexión de por qué ese país, al que muchos consideran un ejemplo de democracia participativa, no tiene un registro de electores confiable y sin embargo a los ciudadanos no parece molestarles ni preocuparles. En México tenemos uno de los registros más precisos y acreditados del mundo, con 97% de los mayores de 18 años inscritos y listas nominales en cada casilla de cada elección para verificar la identidad. Y aun así, suelen quedar muchas dudas.

¿Qué nos diferencia? La respuesta es al mismo tiempo fácil y complicada: la desconfianza prevalece en procesos electorales mexicanos. Es un fenómeno difícil de medir. Para tratar de entenderlo, el ejemplo que lo ilustra de manera clara: Las dos elecciones más cerradas de los últimos tiempos en cada nación. México, 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió contra Felipe Calderón. Este conflicto tardó muchos meses en resolverse y cuestionó todo el sistema electoral. Nunca se encontraron evidencias de fraude pero tampoco se aceptó del todo el resultado.

En contraste, el desenlace de la elección en EU, cuando compitieron Al Gore y George W. Bush, en el 2000, fue muy cuestionado. En esta contienda todo se redujo al final a quien ganara Florida. En ese caso se encontraron pruebas significativas de que había fallas en los métodos y en el conteo de votación, además de graves anomalías en el registro. Y aun así Gore, privilegiando la

confianza ciudadana y protegiendo el sistema político electoral, concedió el triunfo a los pocos días.

Hay que reconocerlo. Estos ejemplos nos revelan que un registro electoral sobresaliente como el de México no es determinante para generar confianza. Basta ver el Informe país del 2012, que mide los niveles de confianza (incluso entre ciudadanos) y encontró que simplemente es “un bien escaso, ya que solo el 30% de los encuestados consideraron que se puede confiar en otras personas”.

Queda claro que, además de un sistema electoral robusto, los actores políticos tienen la ineludible responsabilidad de fortalecer la confianza, aceptar la derrota y conceder la victoria en las elecciones cuando los votos no les favorezcan. Y al final, están obligados a corroborar en los hechos su interés por los contribuyentes que, como causantes cautivos, financian procesos electorales encarecidos por la desconfianza.

En Estados Unidos el tema de la confianza, que por mucho tiempo ha sido la constante, pudiera dar un vuelco muy pronto. Si se confirman las encuestas y gana Hillary Clinton, el país tendrá un duro examen. Donald Trump ha declarado que, si no gana él, cuestionará el sistema electoral, en lo que sería un suceso histórico para la potencia del norte y de consecuencias impredecibles.

Si ese fuera el caso, actores políticos y sobre todo los ciudadanos tendrán que voltear a ver un sistema electoral objetivamente cuestionable en EU. Con la falta de un registro de electores robusto, como el de México, los ciudadanos deberían saber que el probable problema postcomicial de fondo no serían las bravatas premonitorias de Trump, sino las deficiencias estructurales del sistema de votación estadounidense que el propio candidato republicano puede aprovechar para desacreditar el resultado.

Asesor del Instituto Nacional Electoral

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