La evaluación del magisterio superó la prueba de chantaje y extorsión de la CNTE. 500 mil maestros se han inscrito para hacer la prueba en toda la República durante este fin de semana. Mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará un proyecto que confirma la constitucionalidad de la evaluación educativa y su obligatoriedad. Es de esperar que el máximo tribunal se pronuncie por la integridad del Artículo Tercero y del proceso de evaluación.

La postración educativa de México es palmaria. En la prueba Pisa 2012, el 55% de los niños mexicanos está por debajo de las competencias básicas en matemáticas. Menos de 1% de los alumnos de 15 años alcanza los niveles más altos en esa disciplina. En el dominio del español el panorama es similar: 41% de los alumnos está por debajo de las capacidades básicas y sólo 0.5% alcanza los niveles más altos. En ciencias pasa lo mismo, 47% de los alumnos no satisface las competencias básicas y menos de 0.5% llega a los niveles más altos. En los tres campos el atraso ante el promedio de la OCDE es de dos años de escolaridad.

Algunos críticos han descalificado la prueba Pisa por considerar que tiene un sesgo para imponer estándares provenientes de los países desarrollados. Puede aceptarse un grano de razón reconociendo que, en países pluriculturales, algunos grupos étnicos mantienen su lengua y ciertos conocimientos propios de sus culturas particulares que podrían ser equiparados en la evaluación del aprendizaje. Pero no es aceptable rechazar lo universal por el parroquialismo que tal juicio implica. Es probable que para niños de grupos étnicos apartados de los centros urbanos sea necesario aplicar mediciones específicas acerca de las competencias básicas, pero no es dable aceptar que estos mismos niños sean privados de la oportunidad de dominar el teorema de Pitágoras (y hasta el de Fermat), de poder leer los textos de Cervantes o Neruda o El origen de las especies. Ir por ese camino no solamente es aberrante, sino suicida.

También se ha dicho que la reforma es de carácter laboral más que educativo pues, señalan algunos, no se ha propuesto un modelo educativo. Se puede reconocer que la reforma apenas empieza y que deben agregarse varias piezas más. Pero también es necesario reconocer que la evaluación del magisterio es indispensable, como ya se ha demostrado en otros niveles educativos, como el superior. En éste, los académicos estamos sometidos al menos a tres evaluaciones periódicas: la de la institución propia, la de los estudiantes y la de los sistemas de incentivos internos y/o externos. Es hora de que la misma vara se aplique en todos los niveles porque la evidencia muestra que la calidad mejora con la evaluación.

Para que el Estado ofrezca educación de calidad, la evaluación de los maestros, al igual que la de los alumnos —que siempre ha existido— es una condición indispensable. Se puede estar de acuerdo con que no es suficiente. Falta mucho por hacer: recuperar el espacio de la escuela como centro de socialización de valores y cohesión social, el mejoramiento de la estructura y los contenidos curriculares y, sobre todo, abordar el tema de cómo se educa mejor el educando. Los países más avanzados revisan sus sistemas educativos con frecuencia y los remodelan. Nada es sagrado ni intocable en un asunto público estratégico como la educación, por lo que se requiere de flexibilidad para ponerlo a examen permanentemente. La estructuración del sistema educativo no debe registrar rigideces, al contrario, requiere fluidez para su actualización y mejoramiento constante de modo que los actores legítimos para decidir su derrotero lo puedan hacer sin impedimentos insuperables. De la educación dependen el capital humano y social del país que equivale, ni más ni menos, al talento de los mexicanos. Nada puede estar por encima de esa finalidad.

Director de Flacso en México.
@pacovaldesu

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