En enero de 2017 se iniciaron 1,938 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que corresponde a nivel nacional a 1.57 eventos por cada 100 mil habitantes y a un incremento en tasas del 33.05 % comparado con enero de 2016 y de 3.97% contra diciembre 2016.

El aumento en los índices de homicidio doloso –y de otros delitos como: secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, violación, entre otros- se adscribe a un periodo de violencia que debería llevar a un profundo replanteamiento de acciones y a la (carencia) en la estrategia planteada para resolver el problema.

El pasado noviembre, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), advertimos que julio, agosto y septiembre habían sido cada uno en su momento, el peor mes en términos de homicidios dolosos de la presente administración en un contexto de comportamiento al alza de la violencia en el país.

La autoridad federal, una y otra vez ha defendido sus decisiones y ha desacreditado nuestro análisis calificándolo de estruendoso, y ha tratado de minimizar las críticas sobre la carencia de una estrategia que permita reducir la violencia. Han insistido en que la coordinación entre autoridades; la detención de capos de la delincuencia organizada; la implementación de operativos conjuntos entre autoridades en los 50 municipios con el mayor número de homicidios dolosos son estrategias.

En el ONC seguiremos afirmando que se debe distinguir entre acciones y estrategias, confundirlo nos lleva a cometer errores de implementación de recursos y evaluación de resultados que puede afectar algunas actividades que efectivamente son positivas y, si bien reconocemos el compromiso de muchos servidores públicos comprometidos y responsables, invertir más tiempo en justificar o desacreditar la crítica, habla de simulación y no de sustancia.

Nos preocupa la carencia de elementos que permitan corroborar (i) que existe una estrategia, (ii) que estamos debilitando el poder de los delincuentes, al paso que (iii) avanzamos en el fortalecimiento institucional y la reconstrucción del tejido social.

En el discurso, las autoridades han hecho mucho más que simplemente la coordinación o los operativos, han puesto en marcha acciones especificas para:

  • Reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia.
  • Programas de transparencia entorno a los recursos públicos destinados a seguridad y justicia.
  • Políticas anticorrupción.
  • Agencias especializadas para generar inteligencia y atender delitos específicos.
  • Combate a la delincuencia.
  • Atención a las víctimas del delito.
  • Programas de prevención de la violencia.
  • Puesta en marcha de un sistema de justicia penal garantista.
  • Reformas normativas en materia de derechos humanos, seguridad, etc.
  • Cooperación internacional para el combate al delito.

Sin embargo, el concepto clave que sigue faltando es Rendición de Cuentas. ¿Se realizan acciones? ¡Sí! ¿Con qué resultados? Aparentemente pocos o ninguno. Estamos reformando las instituciones de seguridad y justicia, sin poder afirmar que hoy tengamos mejores policías, procuradurías o fiscalías; ¿se están incautando los bienes de los delincuentes? ¿Dónde están esos miles de millones de pesos que ellos han generado a lo largo de estos años fruto del dolor de los mexicanos? Se reformó la ley para la atención a víctimas, la comisión nacional en materia, se echaron a andar algunas comisiones estatales –ni siquiera todas-, sin que la atención mejore; los ciudadanos logramos un Sistema Nacional Anticorrupción que sigue incompleto gracias a la falta de voluntad política.

¿Debemos ser tolerantes con los resultados a medias, las acciones a medias? No creo. Llevamos una década combatiendo el poder de los cárteles y décadas lidiando con la violencia en el país sin vislumbrar un momento en el que logremos ser un país seguro con un sólido Estado de Derecho.

Es nuestro deber recordarle a quien decidió ser autoridad que los mexicanos vivimos con miedo, que somos víctimas de secuestros, robos, que perdemos la vida o incluso desaparecemos sin que se sienta el compromiso de todo el aparato estatal. Debemos recordarle a quien usa los recursos que provienen de nuestros impuestos, el sacrificio que hacemos las familias para vivir y progresar respetando la ley por lo que el uso de éstos debe ser impecable. Debemos recordarles que su trabajo es noble y digno, que con su actuar nos representan a todos, que son la cara de nuestro país y que el país que los mexicanos queremos es un país justo y seguro.

Francisco Rivas

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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