Los grandes retos

Emilio Daniel Cunjama López

Los delitos de alto impacto generan la percepción de inseguridad en la ciudadanía, su combate ayudaría a establecer confianza social en la población y regresar a una vida más tranquila

Después de una campaña controvertida, llena de deshonras, insultos y rebatingas, el domingo 4 de junio se llevó a cabo la elección en el Estado de México, el territorio con mayor número de habitantes y peso político en México. El nuevo gobernador enfrentará un panorama difícil en materia de seguridad, porque esa entidad presenta una serie de urgencias en este sentido.

El nuevo gobernador deberá tomar con gran seriedad la situación que guarda la entidad, pues está ubicada dentro de las primeras posiciones en las estadísticas delictivas, lo que insta a generar una estrategia inteligente en materia de seguridad que obedezca a una lógica integral que atienda los delitos de alto impacto como el secuestro, el homicidio doloso, la extorsión y la trata de personas, pero que no desatienda aquellos que se perpetúan en la vida cotidiana de todos los mexiquenses, como el robo en todas sus modalidades y la violencia feminicida. Los delitos de alto impacto generan la percepción de inseguridad en la ciudadanía, su combate ayudaría a establecer confianza social en la población y regresar a una vida más tranquila. Por otro lado, la atención a los delitos de la vida cotidiana materializará la percepción positiva de seguridad. La estrategia deberá de ser una política integral que avance en tres sentidos.

El primero. Cabe destacar que el Edomex es uno de los primero estados en los cuales se implementó el nuevo sistema de justicia penal; no obstante, de acuerdo con el estudio ¿Cómo se juzga en el Estado de México?, elaborado por México Evalúa, los juicios no se han logrado consolidar ya que persisten problemas en su ejecución, como lo son; el abuso de la prisión preventiva, la falta de capacidad de investigación policial bajo supervisión de la fiscalía, el uso mínimo de medidas alternas a la prisión y un bajo número de acuerdos reparatorios, entre otras deficiencias detectadas en dicho documento. Aunque en él también se destacan las fortalezas logradas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los problemas detectados son un grave atentado a sus principios.

El segundo. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Edomex se ubica dentro de los primeros registros en homicidios dolosos, el primer lugar en secuestros y el primero en robo con violencia. Aunado a estas cifras, se encuentra el grave problema de Alerta de Violencia de Género pronunciada en el 2015 por la Secretaría de Gobernación en 11 municipios del estado, el cual pone de sobresalto la necesidad de crear estrategias contundentes para disminuir este flagelo.

Si bien las actividades delictivas y de violencia arriba descritas forman parte de la dinámica criminal relacionada con al menos siete grupos de la delincuencia organizada, también la delincuencia común se encarga de lastimar gravemente a la ciudadanía, principalmente con la ejecución de los delitos patrimoniales. Para el tratamiento de este escenario de violencia y criminalidad, se hace necesario, en consideración de la muerte temprana del Pronapred, crear una Coordinación Estatal de Prevención del Delito que agrupe y homologue las acciones de los 125 municipios para lograr a mediano y largo plazo abatir estos males, pues como lo ha pronunciado Irving Waller, un destacado criminólogo canadiense, “Más vale un gramo de prevención que un kilo de represión”.

El tercero. Sobresale la desatención de las violaciones a los derechos humanos que se han traducido principalmente en torturas y desapariciones forzadas en la entidad, un tema que algunas veces se encuentra ligado con la presencia del Ejército. De igual manera, se ha documentado en el informe de México Evalúa anteriormente citado, que en dos de cada 10 de los expedientes que se analizaron existe evidencia de tortura y en 97% de esos casos el juez ha validado la actuación de la policía y la fiscalía.

La nueva administración tiene tres grandes retos por superar en materia de seguridad: 1) Consolidar la eficacia del nuevo sistema de justicia penal; 2) Crear una Coordinación Estatal de Prevención del Delito; y 3) Atender las graves violaciones a los derechos humanos. Los problemas ocurren en un contexto de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad.

Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales

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