Derechos a mitad de camino

Adelantarse a Estados Unidos en derechos humanos no es cosa de todos los días. Ayer la Suprema Corte del país vecino permitió que en todo su territorio se realizaran matrimonios entre personas del mismo sexo, una determinación histórica. Es algo que la Corte mexicana ya había hecho una semana antes aquí, al amparar a una persona contra la Constitución de Colima, que buscaba un régimen de excepción para las ‘bodas homosexuales’. México prohibió a los estados separar los derechos de las personas según su orientación sexual. Hoy la celebración es en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, los fríos números nos recuerdan que la ley no siempre va a la par de la realidad. En este caso, de hecho, la letra se adelantó a los hechos.

En 29 entidades del país —salvo Nuevo León y Jalisco— han sido aprobadas legislaciones para prohibir la discriminación por preferencia sexual, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Pero el cambio se da en un contexto desfavorable: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que México es el segundo país de Latinoamérica donde más crímenes de odio se registran, sólo por debajo de Brasil y a la par de Colombia.

Por fortuna, parece que el desprecio es de unos cuantos.

Siete de cada 10 personas heterosexuales, según estadística de Conapred, admiten que los derechos de la comunidad lésbico-gay no están siendo reconocidos y 52% señala que el principal problema que enfrentan es la discriminación.

La cifra sirve para que la oposición al matrimonio homosexual, muy activa en últimos días, se dé cuenta de que la mayoría de la sociedad respalda el respeto a la diversidad.

Ojalá no, pero ya ha sucedido antes que a decisiones legislativas y judiciales le sigue la reacción violenta de las minorías frustradas. Para evitarlo las autoridades estatales deben tomarse en serio el tema de los crímenes de odio. Es evidente que no es así porque ni siquiera existen estadísticas nacionales en ese rubro. Ello se debe a que varias legislaturas locales no se han tomado la molestia de tipificar esos crímenes.

Ante la falta de números y pese a la existencia de casos documentados, ¿cómo suponer que el odio hacia la comunidad homosexual es un problema generalizado en México? Otro dato aporta una evidencia. La segunda razón que más arguyen los connacionales solicitantes de asilo en Estados Unidos es la amenaza a su vida por motivo de su orientación sexual.

Hay que congratularse por haber avanzado al ritmo de una nación de primer mundo en un rubro de derechos humanos. Y a la vez, estar conscientes de que por la falta de un estado de derecho en el país, apenas se logró la mitad del propósito.