Más Información
Es ahora bien sabido que 2017 pinta para ser un año récord en lo que a índices delictivos y violencia se refiere. Desafortunadamente, es de esperarse por tanto que en otras mediciones delincuenciales el incremento se mantenga a la par. Tal es el caso del robo de automóviles con violencia, que apunta a convertirse en otra cifra dramática del presente año.
Cada día, entre 2006 y 2016, a nivel nacional fueron robados en promedio 512 vehículos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo que hoy presenta EL UNIVERSAL. La cuarta parte de esos automóviles fueron arrebatados con violencia de sus dueños.
Es entonces cuando los ciudadanos, hartos de la inoperancia de las autoridades, intentan subsanar la ausencia del Estado y procurar ellos mismos la seguridad de su patrimonio, en este caso con sistemas antirobo y de geolocalización.
Esta falta de eficacia ante un delito tan generalizado debiera ser tomada con más seriedad por las autoridades pues, en primer lugar, fomenta esa imagen de incompetencia —y en algunos casos de colusión— de la que ya están tan manchadas nuestras policías y autoridades de procuración de justicia.
Debiera preocuparles también que, como se ha podido constatar en el caso de los huachicoleros, el robo de autos es tan solo el inicio de una larga cadena de crímenes.
Atacar los delitos que sustentan el modus operandi de la delincuencia organizada sería la estrategia no sólo correcta, sino necesaria para frenar los índices que señalan a 2017 como un año permeado por la violencia y la impunidad.
Es este también un delito, como otros tantos, que se ve obstaculizado al momento de levantar la denuncia correspondiente. En el instante en que se le imponen trabas a la víctima para denunciar , se echa a andar la maquinaria de la impunidad, de la que tanto se han aprovechado los delincuentes.
Puede que se implementen medidas a nivel federal y estatal desde las corporaciones policiacas, pero si en las instancias pertinentes para iniciar las investigaciones se resisten a asumir su papel de servidores públicos, el esfuerzo será en vano.
Una verdadera consciencia del servicio al ciudadano, a través de una correcta capacitación —aunada, una vez más, a una firme vigilancia contra la corrupción— podría iniciar la limpia de nuestro sistema de justicia.
Son los delincuentes los que se debieran sentir perseguidos y acechados por la justicia. En cambio, los ciudadanos, además de sentirse constantemente hostigados por el hampa, son los que padecen del tortuoso camino en que se ha convertido la denuncia y la exigencia de justicia y seguridad.
No se debe dejar que esta otra estadística, indicio de descomposición social, se siga sumando al repunte delincuencial que hoy estamos viviendo en México.
