Gasolinazo y la demanda social

Editorial EL UNIVERSAL

Petróleos Mexicanos es una empresa que no genera utilidades desde hace 10 años, según sus números, además de que tiene una deuda de cerca de 100 mil millones de dólares, casi una cuarta parte del presupuesto federal. Es también una empresa símbolo de la corrupción en México: tan solo entre 2003 y 2012 registró pérdidas por cerca de 12 mil millones de dólares por irregularidades.

La situación de Pemex es crítica y las redes de corrupción en su interior cuestan mucho dinero a los contribuyentes mexicanos. A la caída en los precios del barril mexicano y a la baja en la producción petrolera de los últimos años se suma un sindicato y su dirigencia, que son vistos por lo menos con sospechas de malos manejos y millonarios desvíos de recursos.

Lejos quedaron aquellos años en los que desde el poder presidencial se prometió administrar la abundancia. Pasó la época en la que el petróleo se vendió en sus precios más altos en un contexto internacional que así lo demandaba. Aunque entonces el erario reportó mayores ingresos, los beneficios en inversión pública no se hicieron sentir. Es una cuestión que merece respuestas.

Ante el dispendio energético, su agotamiento, y la deficiente administración de recursos de los gobiernos que disfrutaron estas circunstancias, México comprará por primera vez 50 mil barriles de petróleo diarios a Estados Unidos a partir de 2018. Es una lamentable consecuencia para un país que, por medio de sus gobiernos y el sindicato petrolero, dilapidó su riqueza natural.

Mientras tanto, los mexicanos vimos por lo menos la última década que los precios de los combustibles se incrementaron de manera paulatina. A partir de 2017 el gobierno dispuso liberar estos precios para ponerlos al nivel del mercado internacional. Medida difícil para la economía familiar, pero un alivio para el erario que todavía sostiene a Pemex a pesar de sus dolores.

El gobierno mexicano está a tiempo de enviar una señal de sensibilidad a los mexicanos y evitar el nuevo aumento a los precios de las gasolinas, previsto para el 4 de febrero próximo. Al ciudadano de a pie no se le puede endosar la corrupción en la paraestatal ni el derroche de los recursos energéticos en los últimos 38 años.

En los tiempos que corren, los mexicanos han dado muestras de la necesidad de permanecer unidos ante los permanentes ataques del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al detener la política de aumento a los combustibles, el gobierno federal puede dejar claro que reconoce las demandas de la sociedad a la que sirve y que la unidad nacional es prioritaria. Es su momento.

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