Corte: decisión acertada

Los medios de comunicación tienen la obligación de otorgar el derecho de réplica, así lo establece el artículo 3 de la ley en la materia. La persona aludida en alguna información “inexacta o falsa”, que le cause un agravio, puede ejercerla, de encontrarse en ese supuesto.

Ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon ayer el proyecto de dictamen que planteaba eliminar de la ley las palabras “inexacta o falsa”, propuesta impulsada por los partidos políticos PRD y Morena.

De haber desaparecido esos conceptos se habría abierto la puerta para limitar la libertad de expresión, pues cualquier persona (imaginemos un personaje político o una persona moral) podría argumentar y llegar a un proceso judicial contra el medio de comunicación, si consideraba que una información difundida le ocasionaba un agravio, aunque fuera verídica.

En la discusión estaban en juego dos derechos: el de la libre expresión y el de réplica. El primero es vital para cualquier democracia. La falta de libertad de prensa o excesivas limitaciones para su ejercicio usualmente son parte de sistemas autoritarios reacios al escrutinio público y a que se practique la menor crítica a sus acciones. En América Latina es un derecho que, con más frecuencia de lo que se cree, se encuentra bajo el asedio de grupos de poder.

La réplica también es parte importante de un sistema de libertades, ambos derechos son fundamentales para la sociedad, pero de haberse concedido a la réplica un peso mayor al actual, aparecía el riesgo de judicializar ese derecho. Estar en medio de un litigio constante representaría para cualquier medio un desgaste como consecuencia de haber dado a conocer información veraz.

Si había que poner sobre la balanza un eventual exceso de libertad o el autoritarismo, la opción primera siempre será mejor para cualquier sociedad.

Tal coincidencia de opiniones en el máximo tribunal del país ratifica lo que alertaron académicos, especialistas, periodistas, legisladores, defensores de la libertad de expresión, grupos de medios, organizaciones no gubernamentales —nacionales y extranjeros— sobre las consecuencias que podía generar el modelo de réplica que se planteaba.

La oposición de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte al proyecto de sentencia es una decisión que abona al bien común y a uno de los derechos fundamentales, además de mostrar sensibilidad y apertura a las distintas voces que advertían de los posibles riesgos. Es una decisión que debe congratularnos.