Hacia un ambulantaje regulado

El ambulantaje es una práctica que se presenta principalmente en las grandes ciudades del país impulsada, entre otros factores, por el desempleo o el empleo mal pagado. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres prefieren tomarlo como opción de vida, incluso un gran porcentaje de aquellos que ostentan un grado profesional se refugia en la venta informal.

Por su dimensión, en la Ciudad de México el fenómeno se replica a una escala mayor. En la capital del país hay quizá cientos de miles. Al comparecer ayer ante la Asamblea Legislativa, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, mencionó que hay 100 mil ambulantes registrados; la cifra seguramente puede ser mucho mayor por aquellos que no forman parte de un padrón.

La funcionaria adelantó que las 16 delegaciones capitalinas podrán reordenar el comercio informal y exigir el cobro por espacio público para que ingresen por lo menos 300 millones de pesos anuales, que servirían para la mejora de las demarcaciones.

En la actualidad el espacio público es propiedad, en los hechos, de líderes que agrupan a decenas o cientos de vendedores que pagan al dirigente una cantidad diaria o semanal para poder vender. El líder, a su vez, llega a acuerdos con la delegación.

La medida que anuncia la funcionaria capitalina debe servir para ordenar un sector caótico y, hasta ahora, nada transparente. El acuerdo puede hacerse de manera directa entre el vendedor y la delegación, sin que algún dirigente oportunista utilice a la masa de vendedores con fines de presión a la autoridad u objetivos políticos. En la Ciudad hay familias que han hecho del control de ambulantes un millonario modo de vida.

Mercado estima que las delegaciones podrían captar 300 millones de pesos al año por el cobro de 700 pesos trimestrales a cada vendedor. ¿Habrá transparencia en los recursos obtenidos y en la forma en que se ejercerán? Eso es lo indicado, de lo contrario el mal uso que se le da al ambulantaje sólo cambiaría de manos.

El anuncio abre la puerta para tratar de ordenar la venta en la vía pública: poner un tope en el número de ambulantes, asignar espacios sin que causen molestias al peatón o a la vialidad, y, principalmente, terminar con dirigentes que sólo utilizan a los vendedores como carne de cañón.

Aunque lo ideal siempre será tener un número mínimo de ambulantes, pues eso significaría que la situación económica de la Ciudad y del país brinda a la población en edad de trabajar oportunidades mejores que ganarse la vida vendiendo artículos pirata en la calle, lo esbozado por el gobierno capitalino representa una oportunidad única para atender la problemática. No hay que desperdiciarla.