El Congreso de la unión entra en la fase final de la aprobación del gasto público para 2017. La próxima semana deberá quedar aprobada la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y antes del 30 de octubre en el Senado. A partir de ahí se podrá discutir cómo se ejercerán los recursos para el año venidero. De entrada, el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda prevé un recorte de 239 mil 700 millones de pesos respecto a 2016.

Para la dependencia, se trata de una iniciativa que tiene el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica y las familias. En los hechos, responde al señalamiento hecho por las consultoras internacionales, que plantearon la posibilidad de degradar la calificación de la deuda mexicana debido al elevado incremento que ha tenido en los últimos cuatro años.

El secretario José Antonio Meade, en entrevista con EL UNIVERSAL, confía en que habrá solidaridad y generosidad de los partidos representados en el Congreso para mantener el Presupuesto en los términos en que fue enviado. El objetivo, señala el funcionario, es regresar a un superávit primario y que la deuda comience a tener una trayectoria descendiente y sostenible.

El recorte del año próximo se centra en tres grandes áreas: Petróleos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al menos dos de esos sectores son clave en la activación económica del país, pero el gobierno ya aclaró que se mantienen los proyectos de infraestructura más importantes.

En tiempos actuales, el Congreso juega un papel determinante en la línea económica del gobierno federal, los legisladores tienen en sus manos la posibilidad de aprobar o rechazar el nivel de déficit público. Si el gobierno excedió límites en el endeudamiento, algo de responsabilidad hay en el Congreso, que tiene instancias para vigilar el gasto. Desde 2000 el Congreso ha ejercido su atribución de modificar, hacer ajustes y poner acentos en programas especiales del paquete económico.

Es un hecho que la economía no podía seguir manteniendo incrementos al gasto en un entorno de bajos ingresos petroleros y de inestabilidad mundial, primero por la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea y después por la posibilidad de triunfo de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos.

En 2017 prevalecerá la austeridad, el Ejecutivo planteó recortes, pero a ella deben sumarse los poderes Legislativo y Judicial, así como demás áreas de los tres niveles de gobierno, pues el reto será sacar adelante compromisos con menos recursos. La solidaridad no se debe exigir sólo al Congreso, debe ser pareja, y el ejemplo mayor debe venir del gobierno federal.

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