Los partidos y su corrupción

Editorial EL UNIVERSAL

Los partidos políticos gozan cada vez de menor credibilidad en México desde que en el año 2000 se pensó que un cambio de agrupación política en la Presidencia de la República significaría una transformación de fondo —casi automática— en el país. Los principales culpables de esa mala percepción son, por supuesto, los propios partidos que no sancionan a sus malos cuadros y que tampoco castigan las prácticas corruptas de éstos cuando llegan a posiciones de poder.

En este momento los partidos tienen en la mira a 61 militantes contra quienes han iniciado procedimientos de sanción internos, algunos por corrupción, otros por temas menores como apoyar a otros institutos políticos.

Los casos más relevantes en el PRI son contra los ex gobernadores de Nuevo León, de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua. En la Comisión Anticorrupción del PAN hay 26 denuncias contra funcionarios o cuadros panistas. En el PRD existen 20 procesos abiertos.

Pero incluso la peor de las sanciones contra un militante, la expulsión, es poca cosa frente a la exigencia social de un alto a la impunidad de los poderosos. Por eso lo más relevante de estos casos tendrá que ser no sólo el castigo del grupo político, sino el retiro del apoyo que los partidos dan siempre, en automático, a los todos gobernantes afiliados a sus siglas sólo por el temor de las agrupaciones de perder los recursos que los funcionarios les aportan a sus bolsillos.

Cuando Vicente Fox asumió como presidente de México, su entonces contralor Francisco Barrio prometió que iría tras los “peces gordos” de la corrupción en el país. La caída del PRI generó la expectativa de que, ahora sí, las cosas cambiarían para bien. Gran decepción fue ver que no sólo no se atrapó a altos funcionarios o ex gobernantes en esa administración, sino tampoco en los dos sexenios siguientes.

Desde entonces se ha vuelto común la expresión “peces gordos” para referirse a los altos funcionarios que deberían ser atrapados por sus actos de corrupción. ¿Cuál es la razón por la cual esos grandes ofensores del pueblo siguen sin ser arrestados? Para los ojos de la gente es mera desidia o complicidad; para los encargados de perseguir a los corruptos, el problema es la ley. En el fondo, por la capacidad de fuerza que tienen en las procuradurías, con la pura voluntad de Presiente o de los gobernadores se resolvería la aspiración popular de justicia.

Esta vez tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción cuya instrumentación, supuestamente, debería terminar con las ambigüedades que permiten impunidad. Se acabaron los pretextos. Mientras no caigan los “peces gordos”, la gente no creerá en los políticos y sus partidos.

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