El pacto de impunidad

Editorial EL UNIVERSAL

Apenas la semana pasada EL UNIVERSAL dio a conocer presuntas irregularidades en la administración del recién salido gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, que involucran un probable manejo discrecional de millones de pesos en contratos a empresas, y ahora la Auditoría Superior de Oaxaca reporta un desvío de recursos por 3 mil 900 millones de pesos cometidos durante los cinco años más recientes y en el que están involucrados funcionarios estatales y municipales.

El auditor afirma que no puede todavía revelar los nombres de los acusados; sin embargo, eso no descarta que el gobernador Gabino Cué deba ofrecer explicaciones a sus gobernados.

Hace más de tres años ocurrió la incautación de casi 100 millones de pesos en efectivo a José Saiz Pineda, secretario de Finanzas de la administración de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco. Fue la gota que derramó el vaso de una administración colmada de escándalos, como la desaparición de 900 millones de pesos de participaciones federales y las grabaciones en las que el mismo ex funcionario presume lujos y bienes.

Granier terminó en la cárcel. Es el único caso reciente de un mandatario llevado tras las rejas por abusar del dinero público. Ese es el problema, pues muchos otros gobernadores antes y después de él han incurrido en similares atropellos sin que ninguno de ellos llegue también a prisión o siquiera sea sometido a proceso penal. Desde el siglo pasado ha sobrevivido en México un principio no escrito entre los políticos que dicta: “Permito la impunidad de mi antecesor para que yo no sea perseguido cuando deje el puesto”.

Por fortuna, la ferocidad de las campañas políticas en las elecciones más recientes ha llevado a los gobernadores electos a ofrecer juicios penales en contra de sus antecesores. Falta por ver si los próximos mandatarios estatales se atreven a hacer lo que luego podrían hacer contra ellos, pero sobre todo habrá que ver si los envalentonados tienen en realidad elementos de prueba. Una de las dificultades que los expertos en transparencia esgrimen cuando se pregunta el por qué nunca se lleva a juicio a un ex gobernador, es por el diseño de la ley en este país: el gobernador rara vez firma documentos que lo incriminen en actos de corrupción.

Es tiempo de atender el clamor social que exige acciones en contra de la corrupción. Empieza no sólo por la voluntad de los nuevos gobernadores de perseguir a sus antecesores en caso de delitos, sino con el compromiso de los legisladores de quitar de las normas el manto de impunidad que hasta la fecha cubre a todas las cabezas de los gobiernos mexicanos.

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