Contrabando empresarial

Editorial EL UNIVERSAL

En el contexto de un empresariado que reclama el daño que ocasionan la CNTE a sus intereses, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte: México es el país de América Latina con mayor salida de dinero por la manipulación de costos que hacen las grandes transnacionales en operaciones de comercio exterior.

Vía la subfacturación o sobrefacturación de productos comercializados por estas grandes empresas salieron 48 mil 314 millones de dólares de México. ¿En qué consiste el engaño? El importador o exportador registra ante la autoridad un precio de compra mucho menor al real para pagar menos impuestos sobre sus transacciones. Cuando, por el contrario, el empresario declara un precio mayor al verdadero, el objetivo es el de “lavar” sus recursos —que obtuvo de otra forma— para no comprobar su origen genuino.

A veces la treta es solamente para beneficiarse de exenciones tributarias o no tener que acatar normas que se activan cuando la cantidad importada/exportada llega a cierta dimensión.

En América Latina este fenómeno registró una salida de recursos por 110 mil 600 millones de dólares en 2013, de acuerdo con la Cepal. Es decir, casi la mitad de todo ese dinero —44% del total regional— salió desde México.

La semana pasada el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, advirtió a los empresarios agrupados en la Concanaco que no pagar impuestos o declarar falsamente tiene consecuencias jurídicas que incluso pueden constituir un delito (penado con cárcel).

El problema es que la amenaza no está acompañada de medidas que hayan derivado en sanciones severas contra las empresas. Más bien al contrario. Como informó este diario: se aplica mano dura contra los pequeños contribuyentes, mientras que a las grandes compañías se les exenta y se les perdona.

Es injusto endurecer el castigo a quienes no tienen los recursos legales para defenderse, mientras que se hace poco contra los más beneficiados de la evasión fiscal.

La población ha llegado a un tope de hartazgo. ¿Creerá la sociedad en mecanismos anticorrupción contra políticos y empresarios cuando ni siquiera hay un cobro efectivo de las transacciones diarias de éstos? La respuesta parte del mismo principio que aplica para los políticos: sólo si al final del día hay “peces gordos” atrapados.

Casos como el del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, o el de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo son excepcionales, pero empresas importantes castigadas con dureza por engañar al Estado son un escenario incluso más raro. Quizá es hora de animarse.

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