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¿Fuerza racional o excesiva?

Editorial EL UNIVERSAL

El enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes del crimen organizado en Tanhuato, Michoacán, el año pasado, resurge ahora como un enfrentamiento verbal entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Seguridad. El mismo hecho es abordado desde dos perspectivas diferentes en las que hay coincidencias y diferencias.

La CNDH dio a conocer ayer que se dieron “violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal”. Los hechos, ocurridos en mayo de 2015, terminaron con 43 muertos: 42 presuntos criminales y un agente federal. La desproporción de bajas entre uno y otro bando originó varias dudas entre la opinión pública y llevó a plantear la posibilidad del uso excesivo de la fuerza.

En respuesta al informe de ayer, el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, dijo que el uso de las armas fue necesario y se actuó en legítima defensa. Explicó que los agentes se identificaron, exigieron la deposición de armas y como única respuesta recibieron disparos de arma de fuego.

La incursión del Ejército y de fuerzas federales en el combate al narcotráfico no ha estado exenta de polémica. Hace años se daban reclamos con justificada razón, pues las víctimas eran inocentes. Se dieron varios casos en los cuales —“por confusión”— civiles resultaron lesionados o perdieron la vida. Además de que las denuncias por abusos de elementos federales eran frecuentes. Por presión de organizaciones civiles hay avance en los protocolos de actuación para privilegiar el respeto a los derechos humanos; sin embargo el país carece aún de una normatividad que regule el uso de la fuerza por parte de quienes tienen como encomienda hacer cumplir la ley.

En el caso Tanhuato hay dos posturas difícilmente reconciliables. Por un lado, los familiares de las víctimas. Aunque sus hermanos, padres, esposos hayan estado involucrados en ilícitos, por supuesto que no deseaban que pagaran por ello con su muerte. Quizá sí en prisión, luego de un proceso justo.

Por el otro lado están los efectivos federales. Recibieron una denuncia, se encontraron con un grupo que poseía armas de uso exclusivo del Ejército —incluso con un lanzamisiles—, fueron recibidos con disparos directos; la defensa propia es lo que impera en esos momentos.

En este choque de punto de vistas, la Comisión Nacional de Seguridad acepta la recomendación de la CNDH y anuncia que cooperará para que la investigación se dé de manera imparcial y sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos. La colaboración entre ambas instancias es lo único que debe dar certidumbre. Si hubo alguna irregularidad debe castigarse; es lo justo y lo que debe prevalecer en un Estado de derecho como pretende ser México.

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