El empresario corrupto

Editorial EL UNIVERSAL

En la construcción de la Estela de Luz se pagó un sobreprecio de 248.9 millones de pesos por la compra de acero. Tres años después a ocho servidores públicos de rango menor se les acusó de “uso indebido de atribuciones y facultades”. El juez dictó auto de formal prisión en 2013, pero todos enfrentaron sus juicios en libertad, pues el delito no es grave. ¿Qué pasó con los empresarios partícipes del engaño?

Hace menos de un mes se dio a conocer que los ahorradores defraudados por la empresa Ficrea —casi 5 mil acreedores— apenas recibirían entre 20% y 30% de lo perdido, debido a que para eso alcanzaban los bienes asegurados a la compañía. ¿Y el dueño Rafael Olvera Amezcua? Vive plácidamente en alguna parte del mundo, o eso cabe suponer a partir de que tiene actividad empresarial también en Estados Unidos y en España.

En la discusión acerca de las leyes anticorrupción el foco se ha posado sobre los políticos, pero muchas veces los empresarios son parte del sistema que permite a los primeros enriquecerse. A veces por iniciativa de alguna de las dos partes; otras ocasiones, porque resistírsele al funcionario implicaría para el inversionista su desaparición del mapa. ¿Significa esto que todos los privados con contratos públicos deben presentar declaración fiscal, patrimonial y de intereses? Esa era la propuesta emanada del Congreso de la Unión y que el presidente Enrique Peña Nieto vetó la semana pasada. Para los empresarios era imposible cumplir con la exigencia.

Con todo, admiten que tienen parte de culpa por la corrupción que afecta al ámbito público y proponen, en lugar de la obligatoriedad de la declaración patrimonial, un programa de capacitación y certificación de prácticas de cumplimiento ético, con lo cual se acreditaría a las empresas de todos los tamaños que siguen ciertos estándares internacionales.

El hecho de que el reporte haga o no una diferencia dependerá de qué tanto la Secretaría de la Función Pública, o la instancia responsable, esté dispuesta a aplicar sanciones. También influirá la independencia de quienes elaboren los datos.

La gente ha llegado a un tope de hartazgo. Por eso fue tan atractivo para los candidatos, en la pasada elección, prometer cárcel para sus antecesores. Pero ¿creerá la sociedad en el mecanismo anticorrupción del empresariado? La respuesta parte del mismo principio que aplica para los políticos: sólo si al final del día hay “peces gordos” tras las rejas.

Casos como el del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, o el de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo son excepcionales. Empresarios importantes caídos en desgracia por corruptos es aun más raro. Esa sí sería una novedad.

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