El caso Ayotzinapa ha tenido más de 18 meses de atención nacional e internacional. La desaparición de 43 estudiantes, en la que estuvieron involucradas autoridades municipales y policiacas marcó un antes y después en la historia de este país. Ante esos hechos, la demanda mínima que se ha pedido sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 es que la investigación sea producto de hechos verificables.

Las primeras investigaciones presentadas por la autoridad causaron dudas entre padres de las víctimas, lo que llevó a aceptar la colaboración de un grupo de expertos independientes, a propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar en la indagatoria sobre el destino de los jóvenes.

Ayer dicho grupo anunció la ruptura en su colaboración con la Procuraduría General de la República para el tercer peritaje sobre el caso. No hubo un llamado a dialogar o un interés de atender la versión de la parte contraria. Sólo el anuncio unilateral de que se retiraban de la investigación en torno al peritaje de fuego.

A pesar de lo anterior, el objetivo de ambas partes —conocer lo que ocurrió en Iguala para dar al país certeza de cómo sucedieron los hechos— lo han alcanzado mayormente, pues se documentaron los nexos de grupos policiacos con grupos criminales en contra de los alumnos.

Sin embargo, el punto que los ha enfrentado los divide nuevamente, ahora con las conclusiones del tercer peritaje. ¿Cómo eliminaron los criminales a los estudiantes? ¿Todos habrían sido incinerados en un solo sitio o en varios? ¿Es posible identificar los restos de los estudiantes?

Conocer qué pasó en Iguala hace año y medio es un paso indispensable para que este país comience a dejar atrás casos de impunidad e investigaciones nunca concluidas. A nadie conviene que al final del tercer peritaje —acordado para que tuviera un carácter decisivo en el tema— surjan divisiones y descalificaciones unilaterales. El grupo de expertos está criticando que no se cumplieron las formas acordadas. ¿Eso debe anular un reporte de seis expertos, tres de ellos propuestos por los grupos independientes? Ambas partes se reunirán este viernes, puede ser momento para aclarar posiciones y salvar un tema clave para el país.

De lo que se concluya en el caso Ayotzinapa deben surgir las bases para corregir lo que está mal en los tres niveles de gobierno y superar de buena manera una escena violenta en el país. El enfrentamiento entre las partes que deben investigar el caso no es lo deseable. A México no le conviene cerrar de esa manera este capítulo.

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