El presidente Enrique Peña Nieto había sido claro en diciembre: su posición particular acerca del consumo y legalización de la marihuana es de rechazo, pero ayer al presentar las conclusiones de los foros de discusión convocados por el gobierno federal anunció acciones que empiezan a fijar un cambio en el paradigma.

México dio el primer paso para dejar atrás la política de prohibicionismo total en materia de consumo de esa droga, luego de que el mandatario propuso cambios en la Ley General de Salud para autorizar el uso médico y científico de la marihuana, así como modificaciones al Código Penal Federal para aumentar de cinco a 28 gramos la portación personal legal de la yerba.

El Ejecutivo reconoció que está surgiendo “gradualmente un nuevo consenso mundial en favor de una reforma al régimen internacional sobre las drogas” y que lo propuesto resultó de posiciones constantes planteadas en los foros de discusión en el país.

Flexibilizar puntos de vista, después de escuchar decenas de opiniones en sentido opuesto, es lo menos que se podía pedir a la cabeza del gobierno federal, y ante la creciente exigencia (nacional e internacional) de revisar la estrategia de combate a las drogas, puesta en marcha hace más de 40 años con resultados a nivel mundial que ya conocemos (especialmente en nuestro país): violencia ligada a las bandas del narcotráfico y nula afectación a los índices de consumo.

México aún está lejos de marcar pauta en la materia, pero se separó ya de países como Cuba, Venezuela, Rusia o Arabia Saudita, que se oponen de manera total al consumo de cualquier droga, y todavía tiene larga distancia por recorrer si busca igualar a naciones como Uruguay o incluso a estados de la Unión Americana, donde el consumo de marihuana con fines recreativos es legal.

Una de las primeras medidas que seguramente se darán, cuando las modificaciones sean aprobadas por el Congreso de la Unión, es la liberación de aquellas personas que cumplen condenas por tráfico de drogas tras haber sido detenidas con dosis de marihuana superiores a cinco gramos, pero menores a 28 gramos, es decir se deja de criminalizar el consumo. La apuesta del gobierno es ahora adoptar el tema desde una óptica de salud pública y por lo tanto iniciar campañas de prevención.

En el acto de ayer nada se dijo sobre cómo afectar a grupos de narcotraficantes o de quién dará al consumidor de cannabis hasta los 28 gramos que pueden portar; quizá para ese aspecto se requiera un debate específico. Lo importante será hacer las adecuaciones que se requieran sin que tengan que pasar otros 40 años para hacer ajustes a una estrategia que no dé resultados.

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