Contra la tortura, ¿ahora sí?

Editorial EL UNIVERSAL

Cuando el relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez, dijo el año pasado que en México hay tortura “generalizada”, la reacción del gobierno federal fue de indignación. ¿Por qué no se destacaba que se habían tomado medidas para regular la detención, investigación y combate a la delincuencia organizada? Un video recién revelado, el cual muestra a dos soldados y un policía federal aplicando técnicas de asfixia a una mujer detenida, ofrece una explicación: la prevención no se está aplicando.

En los últimos años han sido aprobadas reformas, incluso constitucionales, en favor de los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero una legislación de avanzada no siempre se traduce en protección efectiva.

Por fortuna, ese reconocimiento que debió ocurrir hace un año, cuando una instancia de la ONU puso el dedo en el reglón, sucedió ayer. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo: “Ha llegado el momento de terminar con esta práctica, de erradicar la tortura, porque aunque ha habido avances, debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste en diferentes ámbitos de la cadena de seguridad pública”.

Por su parte la Comisión Nacional de Seguridad anunció, en voz de su titular, Renato Sales Heredia: “Vamos a implementar tres medidas para que estos hechos no se repitan. Una de ellas es el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos, otro más es vincularnos en un mecanismo de supervisión externa con la sociedad civil, y otro es la creación de un grupo en la comisión formado por los cuatro comisionados y la inspectoría para dar seguimiento a los temas de derechos humanos”.

Reconocimiento del problema y acciones para hacerle frente. Esa era la respuesta que debía darse frente a las críticas.

Si bien hacen falta cifras para conocer la dimensión del problema de la tortura, la sola existencia de miles de denuncias tendrían que forzar un cambio. De acuerdo con una encuesta del CIDE, de todos los reos presentados ante el Ministerio Público, los cuales han sido culpables “confesos”, más de la mitad —54%— hicieron esa confesión por tortura o amenaza.

Es una pena que el video de un abuso haya desencadenado la movilización de las instituciones de seguridad del país y no la evidencia previa —aunque no fuera un escándalo en redes sociales— de que este problema era un mal recurrente de nuestras fuerzas del orden.

Ojalá la lección haya sido aprendida, tanto para erradicar por fin la tortura en México, como para no intentar eludir la crítica con la esperanza de que, tarde o temprano, la realidad se ajustará al discurso oficial.

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