Derechos humanos en el limbo

México tiene problemas de seguridad, eso nadie lo duda. Desde 2007 los homicidios se incrementaron y delitos como el secuestro y la extorsión tuvieron un boom en los años posteriores. Aun así, regiones del país como Yucatán, Campeche o Nayarit permanecen con niveles de paz similares al primer mundo y en algunos casos, como Ciudad Juárez o Michoacán, la situación ha mejorado sustancialmente. Conviven al mismo tiempo dos países, dos realidades.

¿Es exagerado decir que México sufre una crisis generalizada en Derechos Humanos? De eso se queja el gobierno federal luego de que el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportara que en el país cunden sin control las “desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura”, así como la vulnerabilidad de mujeres, la niñez, personas migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, “quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”.

El problema está en el método. ¿Hasta qué punto creer en instituciones moralmente sólidas si se carece de números?

El origen de la molestia gubernamental reside en el empleo de calificativos que no hallan matices. Se asevera, por ejemplo, que la magnitud de la desaparición de personas en México es “alarmante”, pese a que en el mismo documento de la Corte Interamericana se reconoce la poca claridad sobre las cifras que miden dicho delito.

Difícilmente un compendio de testimonios en algunas zonas del país constituye una evidencia para la generalización sobre lo que ocurre en todo un territorio. Sin embargo, ¿quién si no el Estado tendría que contar con dichas estadísticas? Es decir, si bien es aventurado hablar de crisis cuando no hay datos, la inexistencia de esos elementos de juicio es responsabilidad única de las autoridades.

Esta discusión se presenta desde el sexenio pasado sin que se registren avances entre el gobierno de la República y las organizaciones civiles que denuncian la situación de los derechos humanos en el país.

Está por cumplirse, en unos días, un año de la presentación de aquel informe final sobre México, en el cual el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, dijo que la práctica de la tortura era generalizada en el país y que la mayor parte de los casos estaban impunes. La respuesta oficial fue la misma que ahora.

Igual que ocurre con los intercambios entre el grupo de expertos del caso Ayotzinapa y la fiscalía nacional: mientras las partes no puedan trabajar juntas, la justicia es la única perjudicada. Eso sí es una certeza.