Indefensos en EU

Editorial EL UNIVERSAL

Abandonar el país donde se nace y dejar atrás a esposa e hijos para partir a una nación desconocida en busca de lo que podría ser un mejor porvenir, nunca es el primer objetivo de un jefe de familia; por el contrario, es la última acción, desesperada, luego de que se han enfrentado años de inseguridad y de falta de oportunidades para conseguir empleo y salario dignos. El fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, que registró un auge en México a finales del siglo pasado, está presentándose nuevamente, ahora principalmente desde Centroamérica.

El éxodo del padre de familia no es lo peor. A menudo, tras de él van los hijos, menores de edad, quienes realizan el trayecto solos enfrentando las amenazas que las bandas delictivas ponen en su paso por territorio mexicano. En el último año fiscal más de 28 mil menores no acompañados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras ingresaron a Estados Unidos.

Si logran cruzar la frontera hacia Estados Unidos, los riesgos no terminan para los menores. El más común es que sean detenidos, llevados ante una autoridad judicial y deportados casi de manera inmediata sin haber tenido la oportunidad de defenderse. Un informe de la organización Human Rights Watch señala que en ese momento se produce una violación a los derechos fundamentales de los menores, protegidos por la legislación internacional. El debido proceso —de contar con un abogado para la defensa— es ignorado.

¿Se puede llamar justo al sistema judicial de un país que niega a menores la posibilidad de tener una defensa adecuada en un proceso de deportación?

Los menores de edad que sufren esa experiencia viven un proceso de victimización constante (en su país de origen, en su paso por México y en EU). La organización defensora de derechos humanos expone el problema, corresponde ahora a la acción coordinada de los gobiernos de la región actuar para proteger a los pequeños migrantes.

A las naciones de Centroamérica, adoptar políticas de atención y de desarrollo en las zonas expulsoras de migrantes; en México, protegerlos en su paso hacia Estados Unidos y en el país receptor, brindarles un proceso justo, para lo cual es urgente la aprobación del proyecto de ley, pendiente en el Senado estadounidense, que exigiría al gobierno designar a abogados para los menores no acompañados y para víctimas de abuso, tortura y otro tipo de violencia.

Cuando un menor es obligado —sin la defensa legal— a regresar a una situación de violencia que a veces puede representar la muerte, ¿es esa la mejor forma de proteger su vida?

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