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Los otros aliados de 'El Chapo'

19/01/2016
02:10
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Es común, luego de la captura o muerte de un supuesto “cerebro financiero” del crimen organizado, que las autoridades anuncien que se “afectó” o “disminuyó” la capacidad operativa de tal o cual organización delictiva. Tal vez así es. Menos frecuentes, sin embargo, son las ocasiones en que algún gobierno anuncia medidas contra empresas ligadas a los cárteles, lo cual no necesariamente significa que las compañías radicadas en México son ajenas al dinero sucio.

Uno de los casos más sonados hasta ahora es la operación de lavado de dinero que el Cártel de Sinaloa llevó a cabo vía el banco HSBC por un monto de 100 millones de dólares en 2007, de acuerdo con una advertencia detectada por funcionarios de esa institución bancaria en Washington. Una vez que Estados Unidos anunciara la sanción contra la institución bancaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México defendió su propio desempeño al decir que en 2002 detectó la vulnerabilidad del banco. El problema entonces era su falta de capacidad para actuar. México, una vez más, mostraba su dependencia de Estados Unidos para combatir a la delincuencia organizada.

El 1 de septiembre de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —la Ley Antilavado—, la cual obliga a los empresarios y particulares que realizan “actividades vulnerables” a informar a la Secretaría de Hacienda sobre transacciones sospechosas. Entre esas actividades están la venta de vehículos, la comercialización de tarjetas de crédito, la compra-venta y arrendamiento de inmuebles, entre otros rubros.

Desde la entrada en vigor de dicha ley y hasta el 31 de mayo de 2015, las empresas y particulares enviaron 55 mil 117 alertas. Es decir, cada 15 minutos se detectó una operación comercial o transacción sospechosa que podría estar contribuyendo al lavado de dinero. Las advertencias se emiten cuando el responsable de la transacción considera que los recursos que obtuvo son de procedencia ilícita.

¿Cuánto de esta información ha derivado en el desmantelamiento de redes financieras de los cárteles en México? Si tal cosa ha ocurrido, no se nota.

La semana pasada, en relación con la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo: “Todavía nos faltan algunas tareas para desarticular completamente su sistema financiero-logístico, junto con todos sus otros aliados, y así estamos trabajando”.

El gobierno tiene una oportunidad. La tercera captura del narcotraficante debe servir, ahora sí, para escalar hacia el ámbito financiero el combate al crimen organizado.